Si alguien piensa que los centros que acogen a menores extranjeros no acompañados son un nido de violencia está equivocado, al menos según los datos que ofreció ayer el Ararteko. «Frente a los más de 600 menores que se encuentran en centros de las diputaciones forales, son pocas decenas los que provocan los conflictos», dijo.
Y sin embargo, ésa no es la imagen que se transmite a la sociedad. Pocas decenas pueden enturbiar el trabajo de centenares y una polémica entre políticos puede distorsionar la realidad. Por eso, Iñigo Lamarca reclamó ayer a las instituciones vascas que eviten con sus declaraciones generar alarma social sobre los menores no acompañados que permanecen en centros de acogida dependientes de las diputaciones forales.
El Defensor del Pueblo Vasco terció de esta manera en la polémica abierta por las declaraciones efectuadas la pasada semana por la consejera de Justicia, Idoia Mendia, quien afirmó que hay menores que delinquen para ser enviados a centros del Gobierno Vasco en lugar a a instalaciones forales, donde se sienten desatendidos. Estas palabras encendieron una llama que se apresuraron a avivar las diputaciones con críticas y exigencias de rectificaciones. En medio de la trifulca quedó como siempre un colectivo al que se mira con lupa y cuyos defectos, casi nunca las virtudes, son ampliados cien veces.
Porque «hablamos de un tema delicado», el Ararteko hizo un llamamiento a la responsabilidad a las administraciones y pidió que se «extreme el cuidado en las declaraciones que se puedan realizar para que se haga un trabajo discreto y callado». Iñigo Lamarca pidió la colaboración y el concurso de todas las administraciones implicadas, como las diputaciones, que tienen la competencia en la materia, pero también del Gobierno Vasco, «que tiene la competencia normativa por la que se tiene que regir los centros y recursos de los menores».
El Ararteko extendió también esta petición de colaboración al Estado, «ya que tiene competencias en el área de inmigración». «Tiene que poner más carne en el asador para coordinar mejor y fomentar la colaboración entre las comunidades autónomas», dijo. Estas palabras no sentaron muy bien a la Delegación del Gobierno en el País Vasco, que recordó en un comunicado que la Administración del Estado «no puede decidir en este asunto», ya que no tiene competencias para ello.
Hacer un trabajo «discreto y callado», que es lo que pide el Ararteko, no es sencillo dos semanas después de que se produjera un motín en el centro de menores de Elgeta. Para Lamarca, incidentes como éste y otros más son «episodios de conflictividad protagonizados por un número muy pequeño de menores». «Es una realidad muy compleja, estamos hablando de menores que vienen solos, sin el acompañamiento de un adulto, a buscarse la vida y, en muchos casos, a ayudar a sus familias», subrayó.
Compleja también es la realidad que, antes de efectuar estas declaraciones, entregó ayer Lamarca a la presidenta del Parlamento Vasco, Arantza Quiroga. Es una realidad comprimida en las 854 páginas del informe anual de 2009 elaborado por la oficina del Ararteko, que ha atendido casos tan complicados como el de un hombre enfermo de cáncer «que había sido víctima de maltrato a manos de la madre de su hija, quien, paradójicamente, venía alegando la existencia de una orden de alejamiento que pesaba sobre ella misma para impedir, desde hacía cuatro meses, todo contacto de la niña con su padre hasta que se celebrara el juicio».
Durante el pasado año, el Ararteko atendió 4.221 consultas y 1.917 quejas. El Gobierno Vasco fue la administración contra la que más reclamaciones se dirigieron en 2009 con el 38,64%, mientras que descendieron las quejas sobre actuaciones de las administraciones locales. En función del área temática con la que se relacionan las quejas, en 2009 aumentaron las reclamaciones relacionadas con las prestaciones sociales de contenido económico, como la Renta de Garantía de Ingresos, así como las referidas a las asistencia a la infancia y la adolescencia.
Acción social
El área de acción social fue la que motivó el mayor número de las quejas (226) que se recibieron contra las administraciones forales, porcentaje que se incrementó el pasado año debido, fundamentalmente, al incremento de las quejas interpuestas por menores extranjeros contra la Diputación de Álava.
Lamarca insistió en que los menores extranjeros no acompañados es una cuestión que tiene una presencia «casi continua» en la agenda del Ararteko. En este sentido, reconoció que el número de menores que acogen las diputaciones forales es elevado desde el punto de vista comparativo con el resto de las autonomías, ya que «Euskadi es después de Canarias la segunda comunidad autónoma que más menores extranjeros no acompañados tiene».