pamplona. Un tercio de las denuncias que recibió el año pasado el Juzgado de Violencia sobre la Mujer fueron retiradas y de ellas destaca el hecho de que el 65,68% estuvieran protagonizadas por mujeres extranjeras. En concreto, en el 2009 se contabilizaron un total de 703 denuncias de orden penal en el órgano judicial que en este momento centraliza los casos de violencia machista en Navarra. De ellas 236 no siguieron adelante porque las víctimas se echaron atrás. Las mujeres inmigrantes también copan la mitad de las solicitudes de órdenes de protección (215 en 2009) registradas de las que 57 fueron denegadas y 118 concedidas.

Los datos han sido dados a conocer a los diferentes grupos parlamentarios en la mesa de trabajo que ha debatido en los últimos meses y a propuesta de NaBai el funcionamiento de los equipos de atención integral a víctimas de la violencia de género. En dicha ponencia han participado diferentes instituciones, juzgados, cuerpos policiales y asociaciones que trabajan en el ámbito de la violencia doméstica. Sus conclusiones permitirán avanzar en la adopción nuevas medidas para mejorar la atención que ahora se presta a estas mujeres.

Uno de los ponentes ha sido la Brigada Asistencial de la Policía Foral, dentro de la División de Policía Judicial, que se dedica a la investigación e instrucción de atestados por delitos relacionados con la violencia de género. Está compuesta por un total de diez personas (dos subinspectores, cuatro cabos y cuatro policías). Entre otras funciones se encarga del traslado de víctimas de violencia de género a centros de urgencia, el tratamiento de medidas de alejamiento y la valoración de riesgos a la hora de plantear medidas de protección personal. En concreto el programa denominado PASVG (Plan de Apoyo Social Violencia de Género) posibilita que en el momento en el que la agredida lance una llamada aparezca en la terminal informática asociada a la alarma los datos de la agredida, del agresor, fotografías de ambos, la medida cautelar vigente y cualquier dato de interés, lo que activa un mecanismo de protección.

Sin embargo para la Policía foral, “la cobertura e índice de fiabilidad de este sistema no recomienda que la seguridad de las mujeres afectadas se fíe únicamente en dichos dispositivos que podrán ser utilizados como medida complementaria”. Además, señalan la falta de aceptación por parte de las denunciantes de lo medios de protección ofertados, en particular del PASVG.

denuncia o separación La brigada judicial también considera oportuno que, exceptuando situaciones de urgencia, la mujer reciba un asesoramiento legal previo a interponer una denuncia penal ya que muchas mujeres se acercan a la policía “sin una expectativa clara de lo que esperan del sistema legal y sin conocer las implicaciones y duración del proceso penal que se inicia”. Aunque las víctimas de violencia que acuden a una dependencia policial reciben asesoramiento por parte de los abogados del Servicio de Atención a la Mujer de los colegios de abogados, se considera necesario potenciar previamente los servicios de asesoramiento legal bien a través de los Centros de Atención Integral o de los Servicios de Atención a la Mujer de los colegios de abogados. Un filtro previo que ayudaría a que asuntos que no son estrictamente policiales puedan encontrar otros cauces, “mediadores y orientadores familiares, separaciones civiles, etcétera”. Por otro lado, existen situaciones en los que resulta difícil “deslindar” la necesidad de una denuncia penal con la conveniencia de iniciar un proceso de separación, reiteran.

Destacan además que existen “bolsas de riesgo ocultas” de casos que no se denuncian, vinculados muchas veces con determinados colectivos (etnia gitana, inmigración de países como China, países islámicos….). Otro hándicap en el trabajo policial es la reanudación de la convivencia de pareja con el presunto agresor, situación que “se produce con relativa frecuencia”. Destacan también la dificultad para seguir las medidas de alejamiento por la existencia de diferentes bases de datos dependientes de diversos organismos. De hecho se espera que un nuevo Registro Integral “supla” estas carencias.

Igualmente, señalan que el Centro de Urgencias no admite víctimas con “problemáticas especiales” : alcoholismo, toxicomanías y salud mental.