Uno de cada tres vascos ha pagado alguna vez por tener sexo, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Para eso están las 1.820 prostitutas que trabajan en Euskadi. El 85% son extranjeras y más de la mitad venden su carne para mantener a sus hijos. La mayoría, 1.199, se ofrece en alguno de los 77 ‘puticlubs’ de la comunidad autónoma, a donde principalmente acuden cuadrillas de farra nocturna. Otras 570 mujeres prestan servicios en los 211 pisos que se distribuyen por las capitales; aquí, los clientes llegan porque buscan discreción o prácticas sexuales especiales. Por último, en la calle trabajan menos de cien mujeres en el País Vasco. A ellas, la necesidad les obliga a tragar con casi todo.
La radiografía es de Emakunde. Pero los datos hay que tomarlos con precaución porque el sector está cubierto por una densa costra de misterio. Y eso que, según estimaciones del Gobierno central, mueve 18.000 millones de euros al año en España y en él se emplean alrededor de 400.000 meretrices. Una figura incómoda que se mueve en un limbo de alegalidad. Pero de manera periódica se hacen visibles. Eso ocurre ahora: por la polémica de los macroprostíbulos proyectados en Cataluña; por el tiroteo de hace unas semanas en Barcelona donde dos mossos d’esquadra fueron heridos y por las protestas de los vecinos de los bilbaínos barrios de Miribilla, Saralegi y San Francisco. De hecho, el ayuntamiento de la capital vizcaína ha anunciado una normativa para prohibir la prostitución callejera a partir de septiembre; el miércoles empezará a tramitarse una ordenanza que prevé sanciones para clientes y prostitutas de hasta 3.000 euros.
«Nadie se acuerda de ellas más que cuando molestan», resume Marian Arias, psicóloga y coordinadora de la asociación Askabide, cuyo objetivo es asistir en distintos ámbitos a las mujeres que se prostituyen en Euskadi. «Hay un vacío legal impresionante y una doble moral escandalosa». Lo de la moral se mueve por sendas inescrutables. Pero ¿qué pasa con lo legal?
En pisos y clubes
El Código Penal contempla la profesión más vieja del mundo, pero sólo para penalizar el proxenetismo y la explotación ilegal de personas. También la utilización de menores. El ejercicio consentido de la prostitución no es ilegal. O sea, es legal. Pero no está regulado. Así que el asunto se debate sólo cuando la actividad genera protestas vecinales. Y son los ayuntamientos quienes lo hacen por medio de ordenanzas.
Según Askabide, en Euskadi sólo el consistorio bilbaíno dispone de una norma en esta materia: procede del año 1999 y tiene carácter urbanístico. Surgió en respuesta a una protesta de los vecinos de la calle General Concha y, entre otros asuntos, establece que debe haber una distancia mínima de 500 metros entre dos clubes de alterne.
Ahora, la capital de Vizcaya está inmersa en otra regulación que pretende prohibir el negocio del sexo en la calle por ocupar espacios públicos para actividades económicas privadas. ¿Por qué no ocurre esto mismo en San Sebastián y Vitoria? Porque en Gipuzkoa no hay prostitución callejera y porque en la capital alavesa se lleva a cabo en las rotondas de las afueras de la ciudad y allí no hay vecinos que se quejen.
Al margen de todo lo anterior, hay un debate latente: la regulación de la prostitución como actividad económica. Es decir, contemplar a las trabajadoras del sexo como autónomas que pagan impuestos y Seguridad Social. Sobre este asunto hay dos percepciones diferentes dentro del mundo del comercio carnal. De un lado, los dueños de locales de alterne, agrupados en la asociación nacional Anela, piden que se regule. Alegan que esto les daría más seguridad jurídica a ellos y que el Estado ingresaría buenos impuestos. La regulación implicaría que sólo se podría ejercer la prostitución en locales específicos para ello. Es decir, en sus clubes de alterne.
Del otro lado están buena parte de las mujeres que se dedican a la prostitución en pisos. Ellas rechazan la legalización: en primer lugar, creen que con una regulación los dueños de puticlubs se harían con el monopolio del negocio, porque sólo en sus locales estaría permitido trabajar. Y, por otra parte, no quieren que en su historia laboral aparezca dentro de unos años una profesión que siempre tiene carácter temporal y a menudo vergonzante. Además, tendrían que pagar impuestos.
Por supuesto, todas estas maneras de ver las cosas tienen cara. Aunque sea oculta. DV ha contactado con varias personas relacionadas con esta actividad, que relatan sus experiencias.
Pandora
Dueña de una casa de masajes
‘Aquí trabajan mujeres a espaldas de sus maridos’

Pandora no quiere dar su nombre real. Tiene 50 años, ya es abuela y regenta un negocio peculiar. «Nuestro fuerte es el masaje sensitivo». Utiliza un lenguaje original. Las ‘masajistas’ trabajan por horas. Unas llegan por la mañana y otras por la tarde. En total, son unas ocho. «La cifra varía mucho. Aquí vienen mujeres un par de horas, cuando pueden y sin que sepan nada los maridos. Luego se van a por los niños… Aquí no hay prostitutas, hay madres coraje». Porque la mayoría tiene como única pretensión «sacar adelante a sus hijos. Su otra alternativa es fregar escaleras por once euros la hora».
En los papeles, el negocio de Pandora aparece como salón de belleza. Hay jacuzzi, baño corporal… Ella paga impuestos y asegura que a sus chicas les ofrece contrato como autónomas. «Pero la mayoría no quiere para no pagar impuestos o para que no les quiten ayudas sociales». Las chicas se quedan con el 50% de cada servicio y ella con el otro 50%. ¿Acaso no es esto proxenetismo? «No. Las chicas se meten en las cabinas con el cliente para darle un masaje. Cómo termine la cosa es asunto suyo. Cada cual es libre de hacer lo que quiera con su cuerpo». Una empresa especializada les surte de preservativos, sábanas, toallas… «Después de cada servicio todo se cambia».
Rosaura e Izaskun
Prostitutas en pisos
‘Deseo ahorrar y abrir una peluquería en Colombia’

Las historias de Rosaura e Izaskun son totalmente opuestas. Una es colombiana, y otra, vasca. Una detesta su trabajo y otra parece contenta con él. Una quiere ayudar a su familia, y otra, costearse un tren de vida que la suya no se puede permitir. Las dos trabajan en pisos de Bilbao.
Rosaura lleva tres años en «la mala vida». Estuvo en Alemania, rodó por varios clubs de ciudades españolas y ahora trabaja más tranquila. «Aquí no hay que soportar todo lo malo de la noche, el humo, el licor, las luces… Estamos cuatro chicas que nos llevamos muy bien, tenemos muchos clientes fijos». Lo de legalizar su situación como prostituta le suena raro. «Yo no quiero esta vida. No me queda otro remedio y lo hago. Pero sólo quiero ahorrar. Soy esteticién y en cuanto ahorre voy a poner una peluquería en Colombia». Ya ha pagado la deuda con quien le costeó el ‘pasaje’, «12.000 euros, aunque al final tuve que pagar casi 20.000». Parte de sus ingresos, que prefiere no revelar, se los envía a su familia. «Ellos no hacen preguntas. Pero se imaginan a qué me dedico».
Lo de Izaskun no tiene nada que ver. Es de Santurtzi y estudió Derecho. No le sirvió para lograr un trabajo como el que ella soñaba y durante unos meses se dedicó a la hostelería. Hasta que un anuncio en el periódico donde buscaban «chicas liberales de buena presencia para club» le cambió la vida. Durante un tiempo compatibilizó la hostelería y la prostitución. Pero pronto se dio cuenta de que lo más lucrativo era lo que menos duro se le hacía. «¿Volver al restaurante? ¿Estás loco? Con lo tranquila que estoy aquí y con lo bien que se gana».
Ni sus amigos ni su familia saben nada. Oficialmente, cuida a un anciano por la tarde, cuando sus hijos están trabajando. Los fines de semana se tiene que quedar las 24 horas con el señor, porque la familia se va de excursión. «¡Esto sí que es tener una doble vida!». Suelta una carcajada. Pero luego se pone seria. «La verdad es que yo tengo suerte. Y lo llevo bien. Pero esta vida, para la mayoría, es muy puta».
Propietario de club de alterne
J.M.C.
Somos los que tenemos que aguantar las redadas

J.M.C. vive en Vitoria y es el propietario de un club de alterne en la muga entre Álava y Navarra. Antes era constructor, pero hace 16 años, cuando llevó a cabo la reforma de un puticlub, vio «la cantidad de dinero que se movía, el constante entrar y salir de gente, y lo bien que estaban las chicas». Así que decidió establecerse por su cuenta. Como en todos estos negocios, funciona legalmente como hotel y pub. «Cobro 40 euros al día a cada chica por pensión completa. Ellas son huéspedes, no trabajadoras mías. Entran y salen cuando les viene en gana». Asegura que no cobra ninguna comisión por cada servicio de las chicas porque «sería ilegal». Además, niega que, al menos en su local, operen mafias y que las prostitutas sean forzadas a trabajar un número de horas determinado, como sí ocurre en muchos otros establecimientos.
En sus buenos tiempos llegó a tener cuarenta chicas ‘alojadas’. Ahora, sólo 18. «A nosotros también nos afecta la crisis. Y a los que tenemos clubs de carretera también el carnet por puntos: mucha gente deja de acercarse porque Las tres diputaciones vascas tienen actualmente bajo su tutela a unos 580 menores acompañados, un colectivo minúsculo si se compara con la población inmigrante del País Vasco (132.000 empadronados), pero que ha provocado un nuevo enfrentamiento institucional.
La mecha la prendió esta semana la consejera de Justicia, Idoia Mendia, a la sazón portavoz del Ejecutivo autónomo, al denunciar que los adolescentes acogidos en los centros forales están desatendidos y que por esa razón algunos de ellos protagonizan conflictos y motines como el ocurrido este mes en las dependencias de Elgeta. Las diputaciones, gobernadas por el PNV, acusaron a Mendia de «irresponsable» y le exigieron «una rectificación». No obstante, la consejera mantiene que hay menores tutelados que delinquen para no les envíen a establecimientos forales, sino a recintos cerrados o semicerrados del Servicio de Justicia Juvenil, dependiente de la Administración autónoma.
La controversia de los inmigrantes no acompañados, que costarán este año unos 26 millones de euros a las arcas forales de los tres territorios, viene propiciada, en parte, por el reparto de competencias entre las administraciones autonómica y foral; pero bajo la misma se adivinan también dos concepciones distintas sobre la política social.
El PSE, por ejemplo, se ha desmarcado de la propuesta del PNV para distribuir a los inmigrantes no acompañados por cupos entre las autonomías y rechaza que su edad se verifique por un procedimiento único y fiable. En cambio, los diputados generales peneuvistas discrepan del propósito de la consejera de Empleo y Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta de permitir a los menores extranjeros a punto de cumplir los 18 años que tramiten la renta básica y la prestación de vivienda (dos subsidios que suman hasta 975 euros al mes en doce pagas).
Rifirrafes políticos
A la postre, los jóvenes tutelados, mucho más numerosos en Euskadi que en Madrid y Valencia, se han visto atrapados en los rifirrafes políticos en los que PSE y PNV protagonizan cada poco tiempo, si bien los representantes de ambos partidos en el Gobierno Vasco, las diputaciones y la Asociación Vasca de Municipios (Eudel) debaten entre bambalinas, y con mucha menos estridencia, el futuro de los servicios sociales y los impuestos que los ciudadanos deberán pagar por ellos.
A decir verdad, pese al cruce de acusaciones entre el Gobierno Vasco y los gobiernos forales, la consejera de Justicia y el diputado general de Gipuzkoa, Markel Olano, ya han concertado una reunión el próximo miércoles para tratar sobre los inmigrantes no acompañados, que últimamente han sido noticia sobre todo en aquel territorio histórico.
Los datos más recientes acerca de ese colectivo indican que no sólo no ha aumentado en el País Vasco, sino que se ha reducido un 17% respecto a 2009, cuando llegaron a contabilizarse unos 700. De todos modos, tales cifras deben interpretarse con prudencia, pues pueden variar de una semana a otra debido a que los menores se mueven constantemente de unas comunidades a otras.
Según la información facilitada por las diputaciones, Vizcaya atiende a 362 menores extranjeros y Gipuzkoa, a unos 120. A comienzos de año, Álava acogía a un centenar. Es difícil calcular el dinero que cada territorio histórico habrá gastado a final de año en estos adolescentes (manutención, alojamiento, educadores, una paga para pequeños gastos, etc.).
No obstante, si las cifras actuales se mantienen, el coste anual podría ascender a 17,1 millones de euros en Vizcaya y a 5,6 millones en Gipuzkoa en ambas provincias, los gobiernos forales firman convenios con ONG para que cuiden a los menores a razón de 130 euros por persona y día, incluyendo todos los gastos. Álava, por su parte, gastaría unos 3,6 millones 100 euros/día.
En líneas generales, la mayoría de los jóvenes no acompañados ha emigrado a Euskadi por motivos económicos y son de origen marroquí; pero también los hay subsaharianos y, en los últimos tiempos, de Europa del Este. Esos jóvenes se benefician de una red de acogida foral constituida por una veintena de centros y un número similar de pisos que están diseminados en los tres territorios. Si en algo coinciden el Gobierno Vasco y las diputaciones es que los menores que cometen delitos o faltas son pocos. Un grupo significativo culmina cursos de formación laboral con éxito, aunque su integración social tiene menos repercusión pública que los incidentes que se producen en los centros de acogida.
El diputado vizcaíno de Acción Social, Juan María Aburto, resaltó esta semana que sólo trece jóvenes tutelados en ese territorio tienen cuentas pendientes con la Justicia Juvenil. En Gipuzkoa, tras el motín en un establecimiento de Elgeta, cinco menores fueron enviados al centro de reclusión de Ibaiondo, en Zumarraga. Precisamente, desde el Departamento de Justicia insisten en que, si las diputaciones reforzaran los programas educativos dirigidos a los menores no acompañados, la Justicia Juvenil no acabaría ocupándose de algunos de ellos. No obstante, Aburto replicó que la polémica no ha servido sino para vincular la inmigración con la marginalidad y la delincuencia, una relación que no es cierta.