Un policía arresta a uno de los presuntos responsables de la red de trata de mujeres. :: EFE

La Policía Nacional han desmantelado una organización internacional dedicada a la explotación sexual de mujeres en Cataluña, que habría forzado a prostituirse a más de cien mujeres procedentes del Este de Europa y Sudamérica. El grupo estaba presuntamente formado por ciudadanos españoles, lituanos y brasileños y el amplio dispositivo policial, desplegado el pasado día 15 de marzo, permitió la detención de 28 de sus integrantes.

Además se practicaron 15 registros en Tortosa, Tarragona, Altafulla, Vilanova i la Geltrú, Barcelona, Sabadell y Melilla, en los que intervinieron más de 40 teléfonos móviles, equipos informáticos, cinco vehículos, un velero, 14.000 euros en efectivo y documentación.

La investigación, que se inició tras un comunicado de la Europol de Lituania en el que alertaba sobre la existencia de una organización que explotaba sexualmente a mujeres en distintos inmuebles de Cataluña, contó con el apoyo de las policías de Lituania y Brasil.

Al frente de la red se encontraba un español que, presuntamente, dirigía diversas empresas cuya misión era ocultar y enmascarar los beneficios obtenidos con el ejercicio coactivo de la prostitución. Actuaba en coordinación con otros individuos, de nacionalidades española, lituana, brasileña y ucraniana, afincados en diferentes localidades de Tarragona y Barcelona, que gestionaban y controlaban los prostíbulos. Estos también colaboraban en la captación de las víctimas en sus países de origen y en su traslado hasta España.

Los investigadores averiguaron que las víctimas de la red, todas ellas extranjeras, eran explotadas en al menos ocho inmuebles diferentes donde había 40 mujeres. Estos prostíbulos funcionaban las 24 horas y contaban con una gran afluencia de clientes. Cada mujer permanecía unos 21 días en cada casa de citas y tenían que abonar 300 euros en concepto de «plaza», dinero que perdían si abandonaban el inmueble.

Durante ese periodo no podían salir a la calle salvo el tiempo y a las horas que les permitían. Una vez que finalizaban los 21 días tenían que pagar por una nueva «plaza», circunstancia que aprovechaba la organización para «moverlas» entre los diferentes burdeles. Las mujeres tenían que soportar sanciones económicas y agresiones físicas si no cumplían las normas impuestas por la organización. Dormían hacinadas en una habitación en pésimas condiciones de sanidad e higiene.