Los servicios sociales de los municipios valencianos atienden ya a 35.000 extranjeros en riesgo de exclusión, que son los que se benefician indirectamente del dinero del Fondo de Acogida para Inmigrantes . Se trata de la partida presupuestaria que se recortará este año como medida de austeridad contra la crisis, dentro del intento del Gobierno para cuadrar las maltrechas cuentas públicas.

El Consell denunció ayer que el recorte pondrá en peligro las ayudas que reciben estas personas. Se trata de recursos de distinta índole, desde plazas de acogida hasta ayudas para la escolarización de menores o para atender a los que llegan sin acompañamiento.

Así lo denunció el conseller de Solidaridad, Rafael Blasco, quien prevé que para 2010 la Comunitat reciba ocho millones de euros, una cantidad muy inferior a la destinada para el ejercicio anterior (22). Entonces, ya se pidió una modificación del Fondo al considerarlo insuficiente por el crecimiento del fenómeno migratorio.

El Fondo financia las 670 plazas de acogida de una veintena de asociaciones, que además mantienen otros servicios asistenciales. El dinero también llega a los Ayuntamientos a través de la Conselleria y la Federación de Municipios y Provincias. De hecho, Solidaridad calcula que 150 localidades valencianas verán mermada su capacidad de reacción por el recorte.

El Fondo ha sido dotado para este año de 70 millones de euros a repartir entre las autonomías, aunque la previsión inicial llegó a alcanzar los 200. Tras el anuncio de una reducción por parte del Ministerio de Trabajo, la cuantía final no ha satisfecho a las comunidades autónomas, especialmente las gobernadas por el Partido Popular, que justo después de finalizar la comisión sectorial donde se anunció la reducción, exigieron al Ministerio la restitución de las cuantías habituales. En 2009 ascendió a 196 millones, y nunca había bajado de 120. Por último, la Comunitat pasará de recibir 26 euros por inmigrante a apenas 9 en 2010.

Una de las principales críticas del Consell es el reparto del Fondo, donde se atiende a criterios demográficos, se da una cuantía estable para las comunidades con menos inmigración y se tienen en cuenta datos censales y laborales de los extranjeros extracomunitarios.

Una de las peticiones del Consell es que el Fondo consista en una cuantía fija por inmigrante y que atienda sobre todo al porcentaje de la población extranjera respecto al total. Así, la Comunitat, la segunda región con más presencia relativa de extranjeros (incluyendo los comunitarios), tendría una inyección económica mayor con la que complementar sus recursos de asistencia hacia los que menos tienen.