La unidad contra la inmigración ilegal del Cuerpo Nacional de Policía de A Coruña ha detenido a tres responsables de una empresa de reparto publicitario que supuestamente explotaba a trabajadores extranjeros, a los que hacía trabajar hasta 14 horas a cambio de una baja retribución y sin seguro médico alguno, según las primeras investigaciones llevadas a cabo por ese departamento.

Según la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil, la empresa está situada en Cambre y se dedicaba a emplear a ciudadanos extranjeros carentes de autorización administrativa, ocupando puestos de repartidores de publicidad por toda la comarca. Según los agentes encargados del caso, los contratados pasaban el día recorriendo calles de diferentes poblaciones del área metropolitana coruñesa metiendo en los buzones de los edificios todo tipo de reclamos publicitarios.

Uno de los detenidos es un coruñés de 43 años, vecino de Cambre, que supuestamente dedicaba esta empresa de reparto publicitario y otras de su propiedad para contratar a personas de origen sudamericano como repartidores.

Convenio colectivo

Presuntamente, según la unidad contra la inmigración ilegal, el arrestado sometía a los trabajadores a condiciones de explotación laboral, imponiéndoles jornadas de hasta catorce horas, sin derechos laborales y con retribuciones por debajo de los topes mínimos que establece el convenio colectivo de los trabajadores.

Las víctimas de este entramado empresarial, treinta en total, son sudamericanos, la mayoría de ellos brasileños, con cargas familiares, desfavorecidos económicamente y a quienes engañaban ofreciéndoles trabajos dignos antes de integrarlos en la empresa.

Las investigaciones determinaron que el principal detenido llevaba, supuestamente, al menos tres años ejerciendo su actividad, para lo que empleó diversas empresas en las que aparecía como administrador, accionista único o empleado, mientras al frente de ellas figuraban testaferros y hombres de paja, entre ellos su esposa y un hombre del que todavía está pendiente su localización.

En estos momentos, los investigadores buscan a trabajadores que antes de esta operación formasen parte de la plantilla. El testimonio de ellos podría servir para aumentar la indemnización que, en caso de ser condenado, debiera dar el empresario.