Las Juntas Generales vizcaínas acogieron ayer un nuevo ‘round’ de la polémica institucional que enfrenta al Gobierno vasco (PSE) y a las diputaciones (PNV) por la atención que se presta a los menores extranjeros no acompañados. Desatado el pasado miércoles a raíz de unas declaraciones de la consejera de Justicia del Ejecutivo autonómico, Idoia Mendia, en las que acusó a los gobiernos territoriales de no cuidar como es debido a los jóvenes que se encuentran bajo su tutela, el enfrentamiento que mantienen socialistas y nacionalistas en esta materia vivió ayer un nuevo episodio de la mano de dos proposiciones no de norma que dieron lugar a un acalorado debate.

A nivel práctico, sólo salió adelante la iniciativa defendida por el grupo jeltzale, que pide la creación de un sistema de cupos para que todas las comunidades se impliquen en los cuidados a este colectivo. El diputado de Acción Social, Juan María Aburto, que tomó la palabra expresamente para volver a salir al paso de las acusaciones de Mendia, explicó que Vizcaya es uno de los territorios punteros en la asistencia a los menores. Una afirmación que reforzó con una serie de datos. Entre ellos, subrayó que la Diputación ha invertido 100 millones de euros en los últimos tres años para atender al número «creciente e imprevisible» de menores extranjeros que llegan al territorio.

En la actualidad, hay 362 chavales bajo tutela foral. Una cifra que se encuentra muy por encima de los 120 jóvenes que se atienden en Madrid, del centenar de Valencia, de la decena de Navarra o de la ausencia de servicio en La Rioja en esta materia, según los datos aportados ayer por distintos representantes de los grupos políticos. Fuentes forales añadieron ayer que Vizcaya es el segundo territorio que más menores cobija, sólo superado por las islas Canarias.

«Profundamente dolidos»

Con estos datos en la mano, Aburto recalcó que el Gobierno foral no pretende desentenderse de la atención a los menores, pero confesó que la actitud del resto de comunidades les hace pensar que esta situación «sólo preocupa» en Vizcaya. Por eso, insistió en que se sienten «profundamente dolidos» por las palabras de la consejera – Mendia aseguró que algunos adolescentes que han cumplido castigos judiciales han vuelto a delinquir para seguir en centros del Gobierno vasco en vez de ser acogidos en un establecimiento foral – y defendió la necesidad de establecer un sistema de cupos que permita crear «servicios mínimos en otras comunidades y abordar este fenómeno «cambiante» con «equilibrio».

Esta última propuesta salió adelante con los votos favorables del PP, que defendió la labor de la Diputación en esta materia, y EA, que presentó dos enmiendas e insistió en la necesidad de tratar con «responsabilidad» una realidad cuya «manipulación» puede fomentar la «xenofobia». En concreto, la iniciativa insta al Gobierno vasco a que presente una «solución» en la comisión interautonómica de tal manera que cada comunidad atienda a un determinado número de jóvenes en función de la población.

Opuesta a la planteada por el PSE – EE, la propuesta del PNV fue acogida con gruesas críticas por parte del resto de la oposición. La juntera socialista Susana González aseguró que el PNV ve a los menores «como un problema» y rechazó la idea del cupo, que consideró «vergonzosa» e «inconstitucional». «Los niños son niños vengan de donde vengan», subrayó. Los portavoces de Aralar – que la calificó de «vergonzosa» – y Alternatiba – que apuntó que este sistema da a entender que se trata de una forma de repartirse «algo que causa problemas» – también rechazaron la medida. La representante de EB, que se abstuvo, subrayó que lo de «repartir personas» no le suena bien, pero también mantuvo cierta distancia con la iniciativa del PSE.

La proposición socialista, rechazada con los votos de PNV y PP, pedía instar a las instituciones públicas a que establezcan «todos los mecanismos necesarios» para que la condición de extranjero no suponga para los menores no acompañados «un elemento de discriminación negativa». También se emplazaba a la Diputación a continuar trabajando en planes educativos, formativos y de inserción social y laboral, «de tal manera que todos los menores no acompañados tengan un proyecto educativo y de inserción laboral en el que puedan ser apoyados y acompañados en la época de emancipación laboral».