vitoria. El Parlamento de Vitoria solicitó ayer que se fije un cupo de menores extranjeros no acompañados para cada comunidad autónoma del Estado en función de la población y, en su caso, de “otros parámetros”. La Cámara, con el apoyo de PNV, PP y EA, reclamó también que la verificación de la edad de estas personas se lleve a cabo “mediante un sistema único y fiable”.

El debate sobre esta cuestión fue llevado al pleno del Legislativo autonómico por el PNV, que ya ha planteado este asunto en varias ocasiones en el Congreso de los Diputados. En la Cámara se registró una división entre PNV, EA y el PP, que sumaron su mayoría para sacar adelante el texto que acordaron, y el PSE-EE, Aralar, EB y UPyD, que defendían otra iniciativa en la que no se planteaba el establecimiento de cupos y se apostaba por reforzar la “coordinación” en esta materia.

La proposición finalmente aprobada por nacionalistas y populares insta al Gobierno Vasco a que presente “con la mayor urgencia” ante la Comisión Interautonómica de Infancia y Familia del Ministerio de Sanidad y Política Social una propuesta que “garantice una adecuada y efectiva protección” de estos menores.

Dicha propuesta deberá tener como objeto que los menores extranjeros no acompañados, “una vez certificada su edad mediante un sistema único y fiable, sean puestos a disposición de los servicios competentes de protección” de las comunidades autónomas. Para ello, se propone fijar “el número de personas a atender por cada comunidad, en función de la población y, en su caso, de otros parámetros que se acuerden”.

El objetivo es que los servicios de atención a este colectivo “puedan desarrollar las políticas necesarias para posibilitar la educación, la formación y la inserción” de estas personas en el mercado laboral.

La Cámara, además, insta al Ejecutivo autonómico a “defender la propuesta unánime que plantearon de forma conjunta” el propio Gobierno y las diputaciones forales en la pasada legislatura para el establecimiento de “criterios estables y equitativos” en la atención de este colectivo, “teniendo en cuenta el número de menores ya acogidos” por cada comunidad, así como los ratios de población, recursos y financiación.

insolidaridad La parlamentaria del PNV, Nerea Antia, justificó la necesidad de establecer cupos dada “la desequilibrada distribución” de menores extranjeros no acompañados en las distintas comunidades autónomas. Según afirmó, en Euskadi existen unos 700 menores de otros países tutelados por las diputaciones, cifra que, según dijo, en la Comunidad Valenciana no llega a 80.

Desde el PP, Laura Garrido su-brayó que “muchos mayores de edad se hacen pasar por menores” para seguir siendo atendidos en los centros de tutela. De hecho, afirmó que “un 30%” de las personas inmigrantes identificadas como menores “eran adultos”.

La parlamentaria del PSE-EE Teresa Laespada calificó la iniciativa aprobada de “alarmantemente insolidaria” y consideró que el establecimiento de cupos “colisiona con grandes impedimentos jurídicos y éticos”. En referencia a la inmigración, reprochó a jeltzales y populares que donde ellos perciben “una amenaza”, el PSE-EE observa “una oportunidad” de contribuir a la riqueza.

Oxel Errostarbe, de Aralar, expresó sus “dudas” respecto al establecimiento de cupos y se preguntó qué ocurriría si se excede el número de inmigrantes no acompañados asignado a una comunidad.

El parlamentario de EB, Mikel Arana, por su parte, reconoció que ha podido existir un “desbordamiento” de los recursos de las diputaciones y desde UPyD, Gorka Maneiro denunció que PNV, EA y PP pretenden con este texto “repartir a los menores extranjeros no acompañados como si fueran mercancía”.