El portavoz de la Diputación Foral de Bizkaia, Juan Mari Aburto, exigió a la consejera de Justicia, Idoia Mendia que rectifique las declaraciones que realizó ayer sobre los centros de menores tutelados por la Institución foral y advirtió de que sus palabras ponen “en peligro” la colaboración interinstitucional.

Además, las palabras de la consejera de Justicia tampoco son compartidas entre algunos miembros de su partido como por ejemplo la portavoz del PSE/EE en la Comisión de Política Social de las Juntas Generales de Guipúzcoa, García Chueca, que dice carecer de datos para estar de acuerdo.

El portavoz foral respondió de esta manera a las declaraciones realizadas por Mendia donde acusaba a las tres diputaciones de “desatender” a los menores bajo su tutela.

Aburto aseguró que en la Diputación se sienten “tristes y dolidos” tras las declaraciones de la portavoz del Gobierno vasco y señaló que “si pretendía hacernos daño, lo ha conseguido”. “Son inadmisibles e irresponsables por injustas y alejadas de la realidad”, agregó.

Además, destacó que son “extraordinariamente graves, dañinas y rayan lo indigno” y están motivadas por “el desconocimiento o la mala fe”. “¿Que busca con estas manifestaciones Mendia?”, se preguntó.

En este sentido, advirtió de que las mismas “quiebran” la confianza interinstitucional y ponen “en peligro” futuras colaboraciones. “Creíamos desterrado el uso político de los menores tutelados”, se lamentó Aburto.

El portavoz de la Diputación explicó que actualmente tienen bajo su tutela a 664 menores, de los cuales 365 son extranjeros no acompañados y aseguró que se han destinado “enormes” recursos parar crear una red de atención para ayudarlos.

“Es evidente que Bizkaia es destino de muchos menores, sobre todo por nuestro buen hacer pero la consejera de Justicia desconoce el trabajo que se realizan en los centros”, criticó.

En este sentido, señaló que en estos momentos, de los menores tutelados por la Diputación, un total de 13 se encuentran en centros del ámbito de la justicia juvenil pero precisó que en los centros de la propia Institución foral hay 23 menores cumpliendo medidas judiciales.

Además, explicó que Mendia visitó ayer el centro de justicia juvenil, que cuenta con 37 plazas y en toda Euskadi “dichas plazas no llegan a 100”. “Que comparen esas cifras, con las 665 plazas que disponemos nosotros”, añadió.

Aburto señaló que de una consejera de Justicia esperan “ayuda y colaboración, no zancadillas y criticas sin sentido”. Además, anunció que se sumarán a las iniciativas que se emprendan desde las diputaciones de Álava y Gipuzkoa.
También pide rectificación la Diputación alavesa

La diputada de Política Social y Servicios Sociales, Covadonga Solaguren, consideró hoy que las declaraciones de la portavoz del Gobierno vasco, Idoia Mendia, son fruto del “más profundo desconocimiento del trabajo que realizan las Diputaciones”, y exigió una rectificación.

“No se entiende que una persona que ostenta un cargo de responsabilidad en el Ejecutivo vasco realice afirmaciones que, en nada, se corresponden con la labor que se desarrolla en los centros forales de atención a menores y que, por el contrario, se alejan de la realidad”, señaló en un Solaguren en un comunicado.

Además, la diputada recordó “el esfuerzo que ha tenido que hacer la Diputación alavesa” para atender “la masiva y descontrolada” llegada de inmigrantes no acompañados en los dos últimos años. “No es de recibo que quiénes estamos poniendo todos los recursos humanos y económicos para dotarnos de una red de atención de calidad seamos los que recibimos duras críticas por desatención. No se pueden aceptar declaraciones negativas genéricas descalificando el sistema de protección de menores de las diputaciones”, añadió.

Asimismo, desde la Diputación foral de Álava explicaron que los centros del Gobierno vasco son centros de régimen cerrados para que los menores cumplan una pena por haber delinquido mientras que la red de centros forales responden a un régimen residencial abierto con programas educativos, pedagógicos y formativos dirigidos a la inserción.

“No deja de ser curioso que la portavoz del Ejecutivo vasco haga ahora un llamamiento a que las instituciones se coordinen para atender a los menores no acompañados cuando desde la Diputación Foral de Álava se han hecho varias peticiones al Gobierno español y vasco en ese mismo sentido sin que, hasta el momento, hayan tenido ningún tipo de respuesta”, afrimó Solaguren.
García Chueca (PSE) se descuelga de Mendia

La portavoz del PSE/EE en la Comisión de Política Social de las Juntas Generales de Guipúzcoa, Susana García Chueca, no comparte las declaraciones de la consejera Idoia Mendía sobre los menores extranjeros no acompañados y ha dicho que carece de datos para poder hacer las mismas afirmaciones.

“Si la consejera tiene datos diferentes a los nuestros eso podrá justificar su declaración. Con lo que nosotros tenemos en nuestra mano no podemos decir lo mismo. No nos duelen prendas decirlo”, ha asegurado.

García Chueca ha hecho estas manifestaciones a preguntas de los periodistas, un día después de que la titular de Justicia y portavoz del Gobierno vasco señalara que hay menores que delinquen para ser enviados al Centro de Internamiento de Zumarraga y eludir así los tutelados por la Diputación de Guipúzcoa.

La juntera socialista ha explicado que llevan años haciendo “seguimiento” del sistema de protección de menores en el territorio, el cual “se ha ido consolidando y mejorando” tras superar algunas “insuficiencias” anteriores, que sí denunció su partido.

Ha precisado que en la legislatura anterior la actuación foral “dejaba mucho que desear”, pero tras una fase en que la respuesta de la Diputación fue “insuficiente” por la llegada “masiva” de menores extranjeros no acompañados, “el sistema se ha ido consolidando y ha ido mejorando”.

Ha indicado que las declaraciones de Mendía han sido “duras”. “Quiero pensar que si las ha hecho es porque tiene datos que le permiten hacerlo”, ha insistido.

Ha asegurado que el porcentajes de menores extranjeros que cometen actos delictivos es “muy menor” y son internados en un centro cerrado donde tienen que cumplir su condena, dentro de un sistema que cuenta con “una serie de garantías”, en el que es un juez quien decide.