Las inoportunas declaraciones de la portavoz del Gobierno Vasco y consejera de Justicia, Idoia Mendia, al asegurar en una visita al centro cerrado de Zumarraga que hay menores que prefieren delinquir para quedar bajo tutela del Ejecutivo en vez de seguir bajo la de las diputaciones, han provocado un preocupante conflicto con las tres instituciones forales aludidas. Las palabras más templadas ayer del viceconsejero Fínez, abogando por la colaboración en un asunto tan delicado, y la reunión que mantendrá Mendia el miércoles con el diputado general de Gipuzkoa, Markel Olano, deben contribuir a encauzar lo antes posible un enfrentamiento que nunca debería haberse producido en estos términos. Resulta incuestionable a estas alturas que la gestión de una realidad tan compleja como la que representan los menores infractores o inmersos en situaciones problemáticas, sean autóctonos o extranjeros no acompañados, desborda en ocasiones los recursos de que disponen las instituciones para encararlos con garantías de que los jóvenes lograrán resocializarse; y, en momentos puntuales, ello puede desembocar en inadmisibles estallidos de violencia como el reciente motín en Elgeta o en modos inadecuados o irregulares en el ejercicio de la tutela. Negarlo constituiría un escapismo tan inútil como contraproducente resulta levantar sospechas sobre la eficacia institucional cuando éste es un asunto que sólo puede afrontarse con políticas coordinadas e integrales.