El dinero que el Gobierno debe transferir a las comunidades autónomas para la atención de los inmigrantes se reducirá este año un 65%, según aseguró ayer el conseller de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, tras la reunión de la IV Conferencia Sectorial de la Inmigración en la que participaron todas las autonomías. Esto significa que la Comunitat recibirá menos dinero que en cualquiera de los ejercicios anteriores, a la espera de que se concreten las partidas destinadas a cada una de las regiones españolas.

El dinero se dedica en gran parte a la financiación de las plazas de acogida de inmigrantes , además de a labores de escolarización de menores, y los principales beneficiarios son los Ayuntamientos. Por esta razón, desde el departamento de Solidaridad destacaban ayer algunas de las consecuencias que puede tener el tijeretazo: desde la desaparición de algunos servicios de atención municipales hasta la reducción de las plazas de acogida.

La cuantía aprobada para estas labores asciende en 2010 a 70 millones de euros, cuando un año antes llegó a 196 millones. «El recorte supone un fracaso absoluto en materia de inmigración y un ataque directo contra las autonomías, que son las que realmente tienen que afrontar el fenómeno de la inmigración», dijo el conseller.

La Conselleria ya contaba con que para 2010 el presupuesto se reduciría, aunque la previsión que manejaban era más halagüeña. «Pensábamos que se reduciría hasta los 100 millones, algo que ya nos parecía insuficiente, pero la cifra final de 70 millones nos parece un atentado contra las políticas sociales», sentenció Blasco.

Ante esta situación, el conseller reclama un reparto justo de las ayudas, «ya que el pasado año la Comunitat se situó en la decimosexta posición en euros per capita por inmigrante, a pesar de ser la tercera de España con más población extranjera» y la segunda en proporción sobre el total de habitantes (17%).

Por otro lado, la agencia de Naciones Unidas para los Refugiados ( ACNUR ) ha identificado algunas irregularidades en la forma como se llevan a cabo las entrevistas a los solicitantes de asilo en España, entre ellos, aquellos que lo piden en la Comunitat, según el informe publicado ayer y citado por Efe.

Las irregularidades más frecuentes en todos los países investigados fueron la escasa formación de los funcionarios sobre procesos de asilo, el escaso tiempo dedicado a cada solicitante y la falta de intérpretes cualificados para el proceso.