Las mujeres explotadas sexualmente dispondrán de un mes para recuperarse y decidir si colaboran con la Policía y la Guardia Civil en la lucha contra las mafias que venden sus cuerpos. En el caso de las extranjeras “sin papeles” será un requisito indispensable para que puedan obtener un permiso de residencia y trabajo, como recoge la Ley de Extranjería, reformada en diciembre de 2009.
El Gobierno se ha propuesto acabar con el comercio de mujeres, a veces casi niñas, y ha abierto varios frentes para conseguirlo: un total de 62 medidas, incluidas en el Plan de lucha contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, que ya han empezado a dar sus frutos.

El año pasado fueron identificadas y atendidas 1.301 víctimas de las redes de explotación sexual. El 95 por ciento eran mujeres de entre 23 y 32 años, aunque entre ellas había menores de edad (13). Los datos confirman que la prostitución obligada es ejercida mayoritariamente por extranjeras: casi 700 de esas mujeres se encontraban en situación irregular en nuestro país, lo que añade elementos de indefensión y vulnerabilidad.
Fondo económico contra la trataLa Policía y la Guardia Civil actuaron el año pasado contra 158 grupos criminales que se dedicaban a este rentable negocio y detuvieron a 726 personas, más de la mitad por explotación sexual y el resto por trata de seres humanos. Las inspecciones en locales, prostíbulos, hostales que alquilan camas y demás establecimientos donde se comercia con el sexo, llegaron casi a las 900, según explicó ayer el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba que hizo balance del primer año del plan, junto a la ministra Bibiana Aído.
Ambos destacaron la importancia de los cambios legislativos que están en marcha para erradicar el lucrativo negocio de la explotación sexual. A la reforma de la Ley de Extranjería, se suman dos modificaciones de calado incluidas en el proyecto de reforma del Código Penal. La trata se incluirá como un delito diferenciado del de tráfico de seres humanos y se decomisarán los bienes a las mafias para crear un fondo económico destinado a luchar contra la explotación sexual y asistir a las víctimas, a imagen y semejanza del que funciona desde hace años en la batalla contra el tráfico de drogas. Rubalcaba resumió en una frase el objetivo final: “Queremos que el negocio de la explotación sexual, que es crimen organizado, sea de bajísima rentabilidad y altísimo coste”.