La consejera de Justicia, Idoia Mendia, acusó ayer a las diputaciones forales de no atender como es debido a los menores que se encuentran bajo su tutela, hasta el punto de que algunos adolescentes que han cumplido castigos judiciales han vuelto a delinquir para seguir en centros cerrados o semiabiertos del Gobierno vasco en vez de ser acogidos en un establecimiento foral. «Algo no se está haciendo bien», resumió Mendia, que visitó ayer las instalaciones de Ibaiondo, en el municipio guipuzcoano de Zumarraga, un lugar que está casi al completo con 37 muchachos que cumplen las medidas más restrictivas de libertad impuestas por los juzgados de menores del País Vasco.

«Ibaiondo es un lugar muy duro – recalcó la consejera, a la sazón portavoz del Gobierno vasco – . Es una cárcel, pese al esfuerzo desplegado por el personal y los educadores, que intentan dar lo mejor de sí mismos». Según la titular de Justicia, en Zumarraga, que cuenta con 39 plazas para varones, «no habría tantos jóvenes si otros centros de menores desarrollaran programas educativos más intensos y hubiese más atención».

Según explicaron los responsables de Ibaiondo, que depende del Servicio de Justicia Juvenil del Gobierno vasco, entre los jóvenes recluidos actualmente en sus instalaciones – por robo con intimidación, agresión sexual, golpear a los padres, etc. – figuran cinco inmigrantes no acompañados que ingresaron este mes procedentes del centro de la Diputación de Guipúzcoa en Elgeta, donde se produjo un motín.

Coordinación

El viceconsejero de Justicia, José Manuel Fínez, también mencionó el caso de una chica que había sido internada por el juez en un establecimiento del Gobierno vasco en Álava y que, tras cumplir su castigo, dio un ‘tirón’ en la calle para no quedar bajo tutela foral. Igualmente, Fínez aludió a otro joven que cumplía una medida judicial en Vizcaya y que manifestó su deseo de continuar en el centro semicerrado del Servicio de Justicia Juvenil, porque allí tenía actividades.

Idoia Mendia le pareció «tremendo» que se produzcan tales situaciones, y subrayó que entre los menores al cuidado de la Administración autonómica no se producen incidentes. Por ese motivo, consideró necesario que las instituciones se «coordinen» para atender mejor a los menores no acompañados, que suman más de 300 en Euskadi, la mayoría inmigrantes magrebíes, pero también nacionales. En su opinión, los recursos que el Ejecutivo autónomo dedica anualmente a los menores delincuentes – unos 13 millones de euros, que cubren las medidas impuestas en la actualidad a unos 600 individuos – constituyen «una inversión de futuro que merece la pena».

Los reproches de la consejera de Justicia despertaron ayer la reacción inmediata de la Diputación de Guipúzcoa. La responsable foral de Política Social, Maite Etxaniz, calificó sus palabras de «grave insulto» y exigió «una rectificación inmediata». En su opinión, «asegurar que los menores prefieren delinquir es simplemente una soflama absurda que puede acarrear graves consecuencias sociales».

Etxaniz acusó a la titular de Justicia de haber utilizado ayer «un discurso prestado», en referencia a la polémica protagonizada por la institución guipuzcoana y SOS Racismo sobre el trato que reciben los menores acogidos en el centro foral de Deba, algunos de los cuales fueron trasladados a Elgeta. «Idoia Mendia queda desautorizada como portavoz del Gobierno vasco al insultar a la Diputación, pero también como consejera de Justicia, porque muestra un desconocimiento absoluto sobre lo que concierne a los menores no acompañados».

Precisamente, el Parlamento vasco debatirá hoy una proposición no de ley del PNV que insta al Ejecutivo de Patxi López a proponer a las demás autonomías que cada una de ellas acoja un número concreto de inmigrantes no acompañados, dependiendo de su población o «de otros parámetros».