El delegado del Gobierno asegura que el traslado de inmigrantes a Centros de Internamiento de la península no depende del colectivo al que pertenecen en función de su nacionalidad, sino de las circunstancias personales de cada uno de ellos. Gregorio Escobar insiste en que el Estado toma esas decisiones tras un estudio individualizado y atendiendo a criterios humanitarios y excepcionales, un estudio que en el caso de los bengalíes se prolonga desde hace cinco años.

Escobar hizo ayer estas aclaraciones para salir al paso del malestar que cunde entre los asiáticos, que comprueban sistemáticamente cómo siempre son inmigrantes de otras nacionalidades los que ingresan en centros de la península como paso previo a su regularización o expulsión. El delegado, sin embargo, insiste en defender la coherencia del Gobierno socialista en materia migratoria y en centrar su discurso en la completa atención que los irregulares reciben en el Centro de Estancia Temporal de Melilla. Y todo, a pesar de que se incumplen los plazos máximos de permanencia en esa institución dependiente del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

En cualquier caso, Escobar afirma que el trabajo que se realiza con los inmigrantes es «permanente» tanto en lo concerniente al control fronterizo como en lo relativo a esa atención que reciben en el CETI. En este sentido, el delegado señaló que la Comisión de Peticiones de la región alemana que recientemente visitó Melilla se llevó una «gratísima impresión» de los cuidados que se dispensan en la ciudad a los irregulares. No se pronunció sobre la opinión que tienen los germanos del tiempo que invierte el Gobierno en analizar cada caso y decidir si regulariza la situación de los bengalíes por razones políticas, humanitarias o de arraigo.

Bengalíes

Entre tanto, el colectivo de bengalíes sigue a la espera de que el Ejecutivo socialista actúe para poner fin a una incertidumbre que dura ya demasiados años. Además de perder la fe en los políticos, de quienes no se creen nada, los asiáticos han perdido también la esperanza de salir de forma inminente de Melilla. Tienen la sensación de que siempre son otros expedientes los que se estudian y otros compañeros los que salen de la ciudad con destino a la península. Muchos de ellos se quejan de haber sido engañados por el entorno del delegado del Gobierno, cuando uno de sus colaboradores les animó a conseguir un precontrato de trabajo para acelerar los trámites de la regularización o, al menos, para aumentar las posibilidades de llegar a la península. De eso han pasado muchos meses y de nada han servido los papeles que todos obtuvieron.

También se quejan del trato que está recibiendo una mujer subsahariana a la que, según las fuentes consultadas por Sur, han apartado de sus hijos después de que su pareja ingresara en prisión acusado de un grave delito contra la libertad sexual de un menor. Algunos inmigrantes no entienden por qué ella está pagando las consecuencias del presunto delito cometido por su compañero, ni por qué le niegan el cuidado de los dos niños con los que llegó a Melilla e ingresó en el CETI.