La Red Española contra la Trata de Personas ha denunciado hoy que las autoridades españolas han negado el reconocimiento del derecho al periodo de reflexión, recogido en la Ley de Extranjería, a una mujer nigeriana embarazada y presunta víctima de explotación sexual, que será expulsada mañana del país.

En un comunicado, la Red Española contra la Trata de Personas asegura que a pesar de la solicitud del periodo de reflexión, ninguna “de las numerosas autoridades” que han tenido conocimiento de la situación de la mujer ha reconocido este derecho ni le ha concedido ninguna medida de protección.

En opinión de la directora ejecutiva de Womens’s Link, organización integrante de la Red, Viviana Waisman, a la mujer, quien según el comunicado está amenazada de muerte en su país de origen, no se le ha reconocido su condición de víctima de trata ni su estado de embarazo.

“Esta actitud por parte del Estado supone una flagrante violación de los derechos humanos”, ha apostillado Waisman.

El artículo 59 bis de la Ley de Extranjería indica que cuando se estima que existen motivos “razonables” para creer que una persona extranjera en situación irregular ha sido víctima de trata de seres humanos, la autoridad competente resolverá la propuesta sobre la concesión de un período de restablecimiento y reflexión.

Dicho período de restablecimiento y reflexión tendrá una duración de, al menos, treinta días, y deberá ser suficiente para que la víctima pueda decidir si desea cooperar con las autoridades en la investigación del delito y, en su caso, en el procedimiento penal.

Durante este período, prosigue el artículo, se le autorizará la estancia temporal y se suspenderá el expediente administrativo sancionador que se le hubiera incoado o, en su caso, la ejecución de la expulsión o devolución eventualmente acordadas.

Asimismo, durante el citado período las Administraciones competentes velarán por la subsistencia y, de resultar necesario, la seguridad y protección de la persona interesada.

La Red Española contra la Trata de Personas subraya que el Estado “incumple” con su deber de proteger a las víctimas de trata, a las que, a su juicio, “se les está negando el periodo de reflexión porque el procedimiento carece de desarrollo reglamentario y las autoridades no saben cómo actuar”.