La polémica se centra en materia pesquera, laboral, de inmigración y forestal

La polémica se centra en materia pesquera, laboral, de inmigración y forestal

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite cuatro conflictos positivos de competencias presentados por el Ejecutivo de Feijoo contra regulaciones estatales que podrían invadir el ámbito competencial de la comunidad autónoma gallega. La primera de las controversias se suscitó a mediados del año pasado, cuando el Gobierno estatal presentó – desde la Dirección General de Integración de los Inmigrantes – un programa de subvenciones dirigidas a municipios, mancomunidades y comarcas para el desarrollo de iniciativas en favor de la población extranjera.

La Xunta interpreta que la asistencia social es una materia que compete en exclusiva a su parcela, y recuerda que ni en la resolución ni en la orden el Ejecutivo central precisa cuál es el título competencial en el que se basa el Estado para presentar la convocatoria. A finales de octubre, la Administración gallega formuló un requerimiento de incompetencia al Estado, que rechazó el Gobierno.

El Tribunal Constitucional también ha admitido a trámite un conflicto positivo de competencias contra unas ayudas de carácter estatal presentadas por el Estado para actividades relacionadas con el patrimonio natural y la política forestal. La Consellería de Presidencia, que dirige Alfonso Rueda, entiende que esta resolución es inconstitucional en su conjunto porque establece una convocatoria que le correspondería efectuar a la comunidad autónoma. Dado el paso del requerimiento de incompetencia – formulado el pasado 5 de noviembre – , el Gobierno gallego, ante la contestación del Estado, decidió acudir al alto tribunal para resolver esta controversia.

El tercero de los frentes abiertos está relacionado con el sector pesquero. El Tribunal Constitucional, tal y como publicó ayer el Diario Oficial de Galicia ( DOG ), ha decidido admitir a trámite el conflicto presentado por la Xunta sobre el decreto que regula la ordenación del sector pesquero y la adaptación al Fondo Europeo de Pesca (FEP). El pasado 26 de noviembre, el Gobierno gallego envió a Madrid un requerimiento de incompetencia al considerar que esta norma deja fuera del FEP a más de 4.000 embarcaciones gallegas que faenan en aguas interiores. «Segundo se alegou no seu momento, a norma cualifica indebidamente como pesca marítima materias que son propias da ordenación do sector pesqueiro, de tal xeito que vulnera o disposto na normativa estatal e nas competencias do Estado», concluye la Consellería de Presidencia.

El cuarto conflicto abierto, admitido también a trámite por el Constitucional, se centra en la resolución del Estado que regula las ayudas para formación e inserción laboral de los jóvenes desempleados. El Gobierno gallego no solo entiende que esta convocatoria forma parte de su ámbito competencial, sino que la oferta lanzada no respeta los intereses y las necesidades de Galicia en esta materia. El Gobierno central contestó al requerimiento previo de incompetencia presentado por Galicia apelando a la supraterritorialidad de la resolución.