Más de medio centenar de subsaharianos afincados en la provincia, la mayoría en situación irregular, se enfrentan a diferentes penas de prisión y a multas que superan los 750 euros y que puede llegar a los 3.000, por vender en la calle artículos falsificados, como gafas, relojes, bolsos, cds y dvds. El actual Código Penal considera que han cometido un delito contra la propiedad intelectual, penado hasta con dos años de prisión o la expulsión del país si el juez decide conmutar la pena de cárcel por la deportación. La mayoría acumula más de una causa, por lo que existe un riesgo real de ingreso en prisión y a todos se les cierra la posibilidad de regularizar su situación en España, porque a partir de la sentencia condenatoria tienen antecedentes penales.

En estos momentos hay 96 ‘manteros’ en diferentes cárceles del país. Por ello, el movimiento de despenalización del ‘top manta’, formado por asociaciones, artistas y juristas ha iniciado una lucha que reclama la modificación de los artículos 270 y 274 del Código Penal.

La propuesta ha sido asumida por el PSOE y así, una de las enmiendas presentadas esta semana para la reforma del Código Penal plantea que la piratería sea considerada falta y no delito, siempre que en la venta no haya beneficio mayor a los 400 euros.

«La lucha contra la falsificación debería dirigirse hacia el origen, no hacia el eslabón más débil. En estos momentos se está sancionando a la pobreza», afirma Amanda Meyer, una de las abogadas que colabora con la Coordinadora de Inmigrantes de Málaga para conseguir que el mayor número de causas quede sin sanción penal. «Es desproporcionado castigar penalmente la venta de estos artículos por parte de personas que no tienen otra posibilidad para subsistir», añade.

En estos momentos, los abogados que colaboran con la Coordinador han atendido a casi un centenar de inmigrantes subsaharianos con causas abiertas por delitos contra la propiedad intelectual. Del total, hay algo más de medio centenar de causas ‘vivas’: «Otro medio centenar ha sido archivado, porque hay jueces que entienden que no hay delito», explica la letrada.

Empresas perjudicadas

Según la abogada, en muchas de las causas que siguen abiertas están personadas empresas que se consideran perjudicadas por este tipo de actividad y que solicitan sanciones mucho más elevada por el perjuicio que, según consideran, les ha ocasionado el producto falsificado puesto en el mercado. Por poner un ejemplo, hay un caso en el que la policía requisó 25 gafas y 15 relojes falsificados y en el que se piden más de 4.000 euros de multa.

«Sobrevivir no es un delito. Sólo son culpables de buscarse la vida de forma digna», mantiene Gerardo Márquez, de la Coordinadora de Inmigrantes, que asegura que hay casos con más de cinco causas pendientes, que pueden sumar hasta ocho años de cárcel. Márquez asegura que muchos desconocen qué ocurre y también que corren el peligro de ir a prisión.

La mayoría de los encausados en la provincia son de Senegal. Es el caso del portavoz de la recién creada Asociación de Inmigrantes Sin Papeles, que prefiere no dar su nombre en tanto en cuanto no esté constituida oficialmente.

A él también le detuvieron una vez y le quitaron los cds, que no obstante tuvo que pagar a la persona que se los suministró. Pasó una noche en comisaría y por la mañana le llevaron al juzgado. Ahora está a la espera de juicio y eso es todo lo que sabe: «nosotros no andamos con la droga ni robamos. No estamos acostumbrados a eso. Sólo podemos vender, porque no podemos trabajar sin papeles», dice.