La Comunitat acoge ya a 111.000 extranjeros irregulares que no tienen posibilidad de trabajar y se arriesgan a ser expulsados
10.000 inmigrantes perderán sus derechos al quedarse sin empleo

Irregularidad sobrevenida. Esta situación legal, que afecta a los inmigrantes extracomunitarios, puede tener consecuencias nefastas. Así lo alertan los expertos, que estiman que la destrucción de empleo provocará que miles de extranjeros, que llegaron con permisos de trabajo y residencia, pasen a ser ilegales al no cumplir los requisitos necesarios para renovar sus autorizaciones. Perderán mucho más que un trabajo.

El cambio en su condición es drástico: en lugar de dar pasos hacia la integración pasan a una situación de exclusión, al perder parte de sus derechos, como trabajar, tener documentación o circular libremente. La previsión es que alrededor de 10.000 personas vivan una ilegalidad sobrevenida en la Comunitat, teniendo en cuenta los datos de bajas en la Seguridad Social.

El informe ‘Inmigrantes en situación irregular’, elaborado por el secretariado diocesano de Migración de Orihuela – Alicante, Asti (www. asti – alicante.org) realiza una radiografía precisa sobre la situación del colectivo, el más desprotegido del fenómeno migratorio.

Aunque es difícil calcular el número de ilegales, a partir de la estadística oficial se puede realizar una estimación, que en la Comunitat llega a 111.209 personas. El dato se refiere sólo a inmigrantes de terceros países, que cuando se encuentran en esta situación viven una clara vulnerabilidad. También pierden derecho a estar en el país y a las ayudas sociales. Y si son detectados pueden ser multados (hasta 6.000 euros), confinados en centros de internamiento o expulsados.

Drama familiar

Los extranjeros de terceros países son aquellos no pertenecientes a la UE ni a Noruega, Islandia, Lichtenstein y Suiza. En el caso de los que su autorización de residencia esté asociada a un empleo (la mayoría), deben cotizar un número de meses determinado para conseguir la renovación, de dos años. El inmigrante, mientras cumpla, puede optar a dos renovaciones antes de conseguir una autorización permanente, convirtiéndose en ciudadano de pleno derecho.

En el estudio, Asti – Alicante recurre a un ejemplo práctico, con el caso de una mujer que, durante su primera renovación de dos años, pasa el primero sin trabajar, ya sea por estar desempleada , por embarazo o por cuidado de un familiar. El segundo, en cambio, «reanuda su trabajo de forma continuada teniendo, en el momento de la renovación, un contrato vigente por lo menos para medio año más. Cuando vaya a pedir la renovación se le denegará porque el primero de los años no cotizó el número suficiente de meses, con independencia del motivo», reza el documento.

Al entrar en la ilegalidad, los hijos a su cargo cuya situación dependía de la madre también quedan desprotegidos. Además, el empresario que la empleó no tiene más remedio que despedirla para no incurrir en un delito.

El informe incide en «las dramáticas consecuencias» que puede provocar la irregularidad sobrevenida si no se toman medidas. Hace referencia a que esta situación favorecerá que aumente el trabajo ilegal, lo que les hará «fáciles víctimas de la explotación laboral». Entre las soluciones que propone Asti, destacan la «aplicación flexible» de la normativa en la renovación de permisos, o la priorización del empleo como base de la integración. «Sin unas expectativas de estabilidad documental y laboral es imposible construir un acercamiento cultural», sentencia.

Los extranjeros de la UE, Noruega, Islandia, Lichtenstein y Suiza también pueden ser ilegales si no disponen del correspondiente certificado de registro o tarjeta de familiar comunitario. En este caso, las consecuencias son menores: una sanción y no poder trabajar o acogerse a beneficios sociales. Eso sí, sólo necesitan acreditar su identidad y empadronamiento para conseguir la tarjeta correspondiente y remediar su situación. Asti – Alicante calcula que hay 190.625 comunitarios en situación irregular.