Donostia. La ONG SOS Racismo volvió a denunciar ayer los “malos tratos” y las “vulneraciones de derechos” sufridas de manera sistemática por los menores extranjeros del centro de Deba actualmente cerrado por reformas y pidió a la Diputación de Gipuzkoa que “lidere las buenas prácticas” en este ámbito y proporcione una “atención adecuada a todos los menores”, ya que, en su opinión, el actual modelo conduce a la “exclusión” de quienes son agrupados bajo el perfil de conflictivos. Entre otras cuestiones, lamentó que no se ofreciera en Deba y que no se ofrezca ahora en Elgeta (varios de los jóvenes han sido trasladados a un nuevo espacio de este municipio) una “educación reglada”, es decir, que les facilite una inserción socio-laboral real en un futuro.

En un acto convocado en Donostia para presentar su informe sobre el Programa especial de emergencia para menores extranjeros conflictivos, puesto en marcha en el citado centro de Oilur (Deba) en marzo de 2009, la organización aseguró que la respuesta hacia estos chavales nunca puede ser “el control y el aislamiento”, sino una intervención “educativa e individual”. Además, afirmó que se ha creado una “visión culpabilizadora” de los usuarios, que ayuda a fomentar un “clima de alarma y malestar social” y que hace que ellos mismos sean “estigmatizados”, cuando en realidad “son, sobre todo, menores en riesgo”. “No son un espécimen raro”, recordaron sus responsables, que, no obstante, mostraron su esperanza en un cambio.

“Creemos que es posible una mirada distinta, una tarea educativa”, indicaron Peio Aierbe y Anna Stern, que insistieron en que el documento presentado (elaborado a partir del contacto con 26 menores del centro, algunos educadores y vecinos de la zona) no busca centrarse en acusaciones ni críticas, sino en ver qué ha pasado para “extraer las lecciones pertinentes y exigir que no vuelvan a repetirse en el futuro”.

El texto, redactado bajo el título Menores en riesgo. Centro de Deba, prácticas excepcionales, recoge en cualquier caso diversas “vulneraciones”, como la del derecho a la educación y formación (asegura que en Oilur “se está cortando intencionadamente el acceso a recursos educativos y formativos”, sin ofrecer un itinerario en centros reconocidos y especializados), la del derecho a un programa de apoyo e intervención psico-social o la del derecho de los menores a un trato digno.

En relación a esta última, precisa que no existe un proyecto educativo del recurso de acogimiento residencial, no se realiza una atención individualizada, no hay intervención terapéutica, no se realizan actividades de ocio y tiempo libre, no se permiten visitas, no se cuenta con un equipo educativo totalmente profesional y estable, no se dan las condiciones materiales adecuadas y existen denuncias en los juzgados por malos tratos.

Chicas Asimismo, explica que se derivaron chicas al centro (algunas de ellas “víctimas de violencia de género”) cuando éste no contaba ni con educadoras ni con el material necesario para ellas (denuncia, por ejemplo, falta de toda intimidad porque los baños carecían de puertas); y que se cometieron otra serie de vulneraciones. En concreto, las que tienen que ver con el derecho a la documentación: habla, por ejemplo, de actuaciones “causantes de la demora y falta de tramitación” de la documentación de algunos menores, de “informes forales utilizados para negar renovaciones de permisos de residencia” o de que el cese de tutela de los chavales desaparecidos del centro “no es conforme a la ley y, además, agrava la situación de desamparo”.

De igual modo, los responsables de SOS Racismo extendieron esa crítica a la falta de medios al ámbito profesional, al señalar que los educadores tampoco reciben los recursos apropiados y que les faltan tanto herramientas como un sentido educativo y de intervención.

Además, consideraron “muy grave” que en Deba el recurso sirviera como “herramienta de expulsión” de estos menores ya que, según dijeron, a algunos “se les ofreció el billete” para que se fueran de Gipuzkoa; y lamentaron que la derivación de los chavales al centro no tuviera en cuenta los perfiles tan “heterogéneos” de sus usuarios.

Informes negativos La organización no gubernamental subrayó, por otro lado, que algunos de los menores cumplieron su mayoría de edad en el centro y, al recibir informes negativos, no pudieron renovar su permiso de residencia. Ello, apuntaron, es una práctica “trágica y perversa que les empuja a la exclusión y a la criminalización”. Eso sí, destacaron el refuerzo que han recibido por parte de otras instituciones y organismos, y aseguraron que tanto el Defensor del Pueblo como el Ararteko, la Fiscalía de Gipuzkoa y la Judicatura han emitido resoluciones favorables a sus planteamientos.

Pese a todo, Aierbe y Stern insistieron en querer ser “optimistas”, ya que existe un alto número de recursos forales que son ejemplo de una intervención correcta y animaron a la Diputación a liderar esas buenas prácticas también con estos menores.