Un total de 141 asociaciones que trabajan con inmigrantes en España denunciaron ayer, ante el Defensor del Pueblo y el Ministerio del Interior, redadas y detenciones de extranjeros que aseguraron se llevan a cabo “al margen de la ley” y con criterios “racistas y étnicos”.

Hace unas semanas el Sindicato Unificado de Policía (SUP) reveló que los agentes están obligados a hacer “detenciones preventivas” en cumplimiento de una instrucción emitida por la Comisaría General de Extranjería y Fronteras. En un año, y solo en Madrid, se han practicado 445.000 de ellas.

Las asociaciones que denunciaron ante la Defensoría calificaron esta práctica policial de “absolutamente ilegal”, pues los agentes carecen de habilitación para privar de libertad a una persona que solo ha incurrido en una falta administrativa que se sanciona con una multa.

Ayer se presentó el informe Evolución del racismo y la xenofobia en España (2009), que alerta el aumento del rechazo hacia inmigrantes , por la recesión y la crisis económica.