Un total de 141 organizaciones de defensa de los derechos humanos y colectivos de inmigrantes han denunciado ante el Defensor del Pueblo la «ilegalidad» de la polémica circular secreta 1/2010 de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras que, entre otras cuestiones, insta a los policías a realizar «detenciones preventivas» de inmigrantes sin papeles y ordena ventilar «en el tiempo mínimo imprescindible» su expulsión.

Según el escrito presentado por las organizaciones, la circular, que el Ministerio de Interior mantiene en vigor, «evidencia la absolutamente ilegal práctica policial de la conducción a comisaría de inmigrantes que, a pesar de estar debidamente documentados, no acreditan su estancia regular en España». Las oenegés califican como inaceptable que en un Estado de derecho el departamento que dirige Alfredo Pérez Rubalcaba «promueva la privación de libertad al margen de la ley».