Era difícil convertir en una casa digna lo que durante muchos años había sido una abandonada caseta de los jardineros municipales repleta de pintadas, botellas rotas y desechos humanos. Claro que, más difícil aún, era hacer que se anulase la orden de desalojo y derribo con la que el Ayuntamiento pretendía tirar la morada. M. A. L. y E. M. F., el matrimonio que la habita, han conseguido ambas cosas. “Ahora estamos más tranquilos”, confiesa él, “aunque todavía podemos quedarnos fuera”. El Juzgado de lo Contencioso – Administrativo anuló el lunes la orden de desalojo que había enviado el Consistorio en abril de 2008 a esta familia de etnia gitana que habita desde hace unos nueve años la vieja caseta, situada en la confluencia entre la avenida de Burgos con el camino de Fuencarral a Hortaleza. La misma caseta en la que el Ayuntamiento les permitió empadronarse en marzo de 2004. El fallo judicial estima ahora que la orden municipal “no se ajusta a derecho”.

“Cuando llegamos aquí esto era una cueva”, recuerda M. A. L. mientras ve a sus dos hijos repanchingados en el sofá de la pulcra vivienda. Su mujer, embarazada, corrobora su versión: “Era una caseta sucia y abandonada, pero mejor que la calle”.

A base de dejarse “un dineral” en materiales y ponerse manos a la obra, la familia rehabilitó los 65 metros cuadrados que mide el cubículo. Ya no hay restos de graffiti. Huele a limpio. Todo a base esfuerzo y de invertir los cerca de 1.200 euros que ganan entre los dos.

Cuando recibieron la orden de desalojo no se lo podían creer. Se pusieron en contacto con Roberto Alonso Martín, abogado especializado en este tipo de casos, y un mes después presentaron un recurso de reposición ante el Consistorio. El Ayuntamiento no respondió, por eso en diciembre de 2008, interpusieron otro recurso al Juzgado de lo Contencioso – Administrativo solicitando la anulación.

Hasta el 11 de febrero de 2009 no recibieron la primera buena noticia: el juzgado suspendía de forma cautelar el desalojo. Después, la incertidumbre duró más de un año. Hasta el lunes no supieron que finalmente los jueces anulaban la orden del Consistorio.

Ahora, el Ayuntamiento tiene un plazo de 15 días para recurrir el fallo judicial. La familia aún teme perder su casa, y suplica: “No nos dan un piso para que podamos vivir, pero por lo menos que nos dejen tranquilos”.