Los haitianos integran una de las más pequeñas y pobres comunidades de inmigrantes que se han formado en Ecuador, sobre todo en los últimos dos años.

Proyecciones de la Defensoría del Pueblo y de la Cancillería estiman que entre 500 y 800 haitianos viven en el país, el 80% reside en Quito. La mayoría son hombres de entre 18 y 40 años, muchos están desempleados.

Decenas de ellos empezaron a llegar tras la vigencia (octubre del 2008) de la nueva Constitución, que abrió las fronteras (artículo 40) y prohíbe que se identifique y se considere a un ser humano ilegal por su condición migratoria. Además, no requieren visas en los primeros 90 días de estadía en territorio local.

La situación económica de Haití, que según la Unicef tiene la renta per cápita más baja del hemisferio occidental y hasta antes del terremoto el 70% de pobres, más su alto grado de conflictividad política han empujado por años la emigración de su gente, principalmente hacia Estados Unidos y Canadá.

La vía tradicional para llegar al primer destino fue Centroamérica, más República Dominicana, muy controlados por Estados Unidos y por tanto con muchos riesgos, según versiones de Patricio Benalcázar, director nacional de Protección de la Defensoría del Pueblo.

No obstante, la puerta que abrió Ecuador despertó el interés no solo de los haitianos sino también de redes de tráfico de emigrantes. Para la Defensoría, los haitianos no vinieron a vivir en Ecuador, lo veían como el nuevo puente hacia el ‘sueño americano’, pero los coyoteros y traficantes los abandonaron.

Mientras, Carline Merilein, líder de los haitianos residentes en Quito, dice que la mayoría vino por problemas políticos con el gobierno, porque su país es inestable e inseguro, y “Ecuador es más fácil, no necesita visa”.

Los haitianos están en barrios populares o marginales, principalmente de Quito. En el norte, en el Comité del Pueblo II, Caminos de Libertad, San Fernando de Velasco, Cotocollao, Colinas del Norte; y en el sur, en Chaguarquingo. Unos pocos se desplazaron a Guayas, Manabí y Azuay. No viven en familia, sino en grupos para distribuir sus gastos de arriendo, luz y agua.

En Quito, cada fin de semana, desde las 09:00, alrededor de 100 haitianos empiezan la jornada de cuatro horas diarias para aprender español. Desde octubre pasado asisten a estas clases organizadas por el Servicio Jesuita, en el Comité del Pueblo II y Caminos de Libertad.

Con dinámicas de grupo la profesora Natasha D’Meza y la psicóloga del Servicio Jesuita, Mónica Salgado, inician la clase en un aula que la Iglesia evangélica del Comité del Pueblo II prestó a los haitianos. A los catorce estudiantes del primer nivel, Natasha debe dirigir la mayor parte de su clase en creole (idioma criollo haitiano) porque no saben casi nada de español.

En medio de la instrucción los estudiantes también exponen sus inquietudes del proceso de regularización que el Gobierno inició el pasado 17 de febrero para quienes viven aquí. Seis días antes el presidente Rafael Correa emitió un decreto ejecutivo para regularizar a quienes ingresaron al Ecuador hasta el 31 de enero pasado. Con ello pueden obtener una visa categoría 12 – XI, sin costo, que les da, por cinco años, los mismos derechos que tiene un ecuatoriano.

Carline Merilein dice que si bien el trámite para la visa ha sido rápido, hay confusiones sobre otros temas del decreto. La primera queja fue que hay haitianos que pidieron visa de refugiados desde hace un año y no tienen respuesta. Según Carline, no han recibido suficiente información para definir si siguen con el estatus de refugiados u obtienen visa por cinco años.

Pero Carline, quien vive como refugiada en Ecuador desde el 2002 tras la muerte de su esposo (un diputado afín al ex presidente Jean – Bertrand Aristide), ve con desconfianza que la reunificación familiar se concrete.

Natasha D’Meza se pregunta cómo sus compatriotas van a traer a la familia y sostenerla, si “aquí el trabajo no dura dos o tres días y ya los mandan porque no conocen el idioma”.

Además, existe otro factor que puede interferir en la legalización de haitianos, el 22 de febrero Correa envió a la Asamblea un proyecto de reforma al art. 38 de la de Ley de Extranjería, que indica una multa de $ 200 a quienes rebasen los 90 días sin legalizar su estancia en el país.

La Defensoría del Pueblo planteó reformas adicionales: que se prohíban la deportación, la exclusión u otras sanciones administrativas, normas todavía vigentes en cincos artículos de la Ley de Extranjería.

Pero lo que no prevé el Decreto 248, ni estos pedidos de reformas es cómo hará el Estado para garantizar a los haitianos legalizados todos sus derechos, pues la Constitución dice que los extranjeros tendrán los mismos derechos que los ecuatorianos.