El parlamentario del PP local, Antonio Gutiérrez, presentará la próxima semana en el Congreso de los Diputados una proposición de ley para que Melilla adquiera las competencias de Educación.

Cree el popular que con esta medida se complementaría y completaría el pacto educativo entre ambas administraciones. Según explicó, el objetivo que se pretende conseguir es que la Ciudad gestione los recursos de la enseñanza, además, subrayó, de mejorar la calidad escolar y de garantizar la igualdad de Melilla con respecto al resto de ciudades españolas.

Pese a que opinó que nunca se debería haber cedido a las autonomías las competencias en materia sanitaria y educativa, el diputado popular considera que, dada la situación, el Gobierno socialista no demostrará que quiere un pacto por la educación si no transfiere las competencias a Melilla.

En este contexto, insistió en esta idea, matizando que al no tener Ceuta y Melilla las competencias de Educación» se están violando los principios de accesibilidad a la libre enseñanza y de igualdad. Asimismo, criticó que aún no se haya convocado la oferta pública de trabajo.

Gutiérrrez ahondó en que, pese a las múltiples reuniones que se han mantenido con los colectivos educativos y el Ministerio, no se ha resuelto nada. De ahí, la importancia y necesidad de reunirse con los sindicatos y agentes del ámbito de la educación con el fin de conocer las carencias que tiene Melilla, y proponer medidas que solventen el problema.

El popular explicó que, en materia educativa, se da la circunstancia «de que no hay una Dirección General específica», como sí existe en el Ingesa, pese a haberla solicitado ya.

El parlamentario cree que Melilla y Ceuta deben ser comparadas exactamente igual que el resto de autonomías en el ámbito educativo. De lo contrario, piensa, se va en contra de lo que marca la Constitución.

En otro orden de cosas, solicitó la comparecencia pública y urgente de la secretaria de Estado de Inmigración o de la directora general de Integración con miras, dijo, a que expliquen la decisión del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero de recortar un cincuenta por ciento la partida de los convenios para la atención al colectivo de menores extranjeros no acompañados.