La alcaldesa de Salt es consciente de que afronta un serio problema con la alta tasa de inmigración que tiene en su población, que en poco tiempo ha alcanzado casi el 40%. La tensión surgida el pasado lunes en el pleno municipal lo evidencia, si bien el problema ya estaba sobre la mesa de la primera edil, como ponía de manifiesto el veto municipal a empadronar a inmigrantes que llegaban al municipio con visado de turista. Ahora, Pineda tiene un problema añadido, porque no es lo mismo tratar un problema complejo como es el de la seguridad vinculado a la inmigración – en muchas ocasiones consecuencia del simple racismo – con discreción que hacerlo ante la atenta mirada de la opinión pública. Los hechos acaecidos esta semana sitúan la gestión de Pineda a los ojos de todos, con todas las presiones que ello supone, y le obligan – con el apoyo incondicional del Govern – a consensuar acuerdos y suavizar las iras de quienes le increparon el lunes y el jueves. Un buen reto.