La Policía entra en casa de un cura para identificar a inmigrantes que viven con él / Madrid

Nueve personas reposan la digestión echando la siesta, leyendo las malas noticias del día o retando a la cabezada ante la tele de sobremesa. Son inmigrantes y españo – les, con papeles y no. Todos viven en casa de un cura acostumbrado a acoger antes de preguntar. Algunos medio trabajan y otros se buscan las lentejas que acaban de comer. Hay un silencio como de ricos entre tantos pobres, una paz de estómago lleno, cuando, de repente, suena el timbre.

- Abran, es la Policía.

Ésta es la historia de nueve excluidos que un miércoles de enero no pudieron dormir la siesta porque se les metieron los uniformes en casa, de unos ciudadanos que no sabían que tenían que comer con el carné en la boca, de una Policía que, si el juez lo ratifica, igual se dejó en el descansillo la Constitución.

Ese 13 de enero, a las cuatro de la tarde, Javier Baeza no estaba en casa, dos viviendas del segundo piso de una mancomunidad madrileña que abarca ocho portales. El sacerdote de Entrevías, aquel cura al que el arzobispo de Madrid casi le cierra la parroquia en 2007 por comulgar con magdalenas y abrazar demasiada Teología de la Liberación, no había comido con su gente, nueve hombres con nueve vidas para nueve evangelios.

Un día llegaron a Madrid por cualquier vía y Baeza se los llevó a su techo, desde donde intentan vivir sin sus pasados de sufrimiento encima. Algunos ya habían probado la identificación callejera de los policías, pero ninguno se había llevado la pasma a casa.

- Abran, es la Policía.

Yoro, tan senegalés por dentro como por fuera, abre la puerta y los ojos… La Policía. Tres agentes de la Policía Nacional le cuentan que han recibido una queja por ruidos. Yoro sabe poco español pero entiende el ruido y contesta que allí no se oye una mosca. Y pese a que uno de los policías reconoce que lo que se oye es el silencio, los tres agentes entran en la casa, interponen el pie cerca de la puerta por si Yoro prefiere intimidad y sacan la voz de pedir papeles.

Reclaman a Yoro su identidad y le preguntan por la de todos los que viven allí. Pero el senegalés ya no entiende nada. Ahora hay un poco más de ruido que hace un minuto. Entonces, Rafael y Abdennabi aparecen en el vestíbulo.

El primero da su nombre y apellidos, pero el segundo, no: «No había ningún motivo para identificarme en mi propia casa». Piden a los policías que se vayan, pero los agentes se niegan y «exigen» la documentación de todas las personas que están en la casa. Más ruido.

Manuel, aquejado de una enfermedad grave, se levanta de la cama, llega al vestíbulo y conmina a los policías a que se vayan porque es una casa de acogida y el responsable de la misma no está.

Pero los agentes no ceden. Insisten en saber todo de todos hasta que Manuel les ofrece una tercera razón.

- He llamado a una abogada y viene para acá.

Y entonces los policías se van.

Baeza ha recopilado el relato de aquel miércoles de enero en un escrito de denuncia que ha enviado al ministro del Interior, al secretario de Estado de Seguridad, al director general de la Policía y la Guardia Civil, al Defensor del Pueblo y a la Fiscalía de Madrid.

«La actuación policial no sólo es desproporcionada, sino posiblemente delictiva», cuenta Baeza en su carta, «porque [los policías] se introdujeron en nuestro domicilio no sólo sin permiso de sus moradores, sino contraviniendo su explícita voluntad, sin causa legal para ello, y pidieron la identificación a unos jóvenes que se encontraban en un espacio de intimidad y privacidad que goza de especial protección constitucional sin razón legal habilitante para ello».

Cuando el sacerdote regresó a su casa, todo eran Yoros con nervios, hombres con susto, personas con su pasado en las narices. También por eso, Baeza – al que lo primero que le extrañó fue que policías nacionales y no municipales se ocuparan de los ruidos de una casa – termina su escrito pidiendo que se identifique a los agentes y se persigan las «actuaciones arbitrarias y lesivas de los derechos fundamentales».