Quizá porque “en muchos casos el extranjero prefiere ingresar en prisión que ser expulsado”, como afirma José Ángel Arana, jefe de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Policía Nacional, los números que presenta la delincuencia extranjera en Navarra y, por ende, la deportación de personas motivada por la comisión de algún delito se mantiene en similares parámetros desde la estadística compilada desde 2006 por el cuerpo policial.

En Navarra 86 ciudadanos fueron expulsados a sus respectivos países durante 2009 teniendo en cuenta que en la Comunidad Foral residen más de 70.000 personas llegadas de otros países, el porcentaje de los deportados resulta ínfimo y a 38 de éstos se les expulsó por contar con algún antecedente policial o penal. Es decir, por haber cometido un delito y ser arrestado, o por haber sido ya condenado en una sentencia judicial. “Estos delincuentes expulsados representan una clarísima minoría de la población extranjera pero dan un trabajo enorme”, declara Arana, lo que apoya el jefe del Grupo de Expulsiones: “Las expulsiones son ejecutables aunque sean recurridas a los tribunales, siempre que no haya una un resolución judicial expresa que paralice la expulsión, porque se trata de sanciones administrativas con un régimen especial de ejecutividad. Pero sólo dispones de 72 horas desde el momento de la detención para su ejecución (es lo que establece la ley como tiempo máximo para la prisión preventiva) y, en caso de que no sea posible en esos tres días, al extranjero hay que buscarle una plaza en un Centro de Internamiento de Extranjeros y que el juez de Instrucción de guardia lo autorice”, afirma este inspector.

documentación clave Normalmente estas personas no portan su pasaporte, lo que dificulta la devolución a su país. “Aparte del pasaporte, el único documento válido para repatriarlo es un salvoconducto expedido por la Embajada. ¿Cuál es el problema? Que los trámites para obtener un documento así se prolongan veinte días o un mes y, para expedirlo, el cónsul o embajador pide entrevistarse con el deportado y certificar que es un nacional de su país. Para ello es imprescindible que se le interne en un centro”, repasan los expertos policiales.

Estos centros de intermamiento sólo existen en grandes ciudades (las más cercanas son Madrid y Barcelona) y normalmente presentan una ocupación completa porque acogen a personas llegadas de toda la Península. Los extranjeros sólo pueden ser internados una vez por cada expediente de expulsión (puede tener varios) y pasar allí una estancia máxima de 60 días. La Unidad Central de Expulsiones y Repatriaciones (UCER), previendo las nacionalidades de los internados, acostumbra a establecer vuelos a países muy concretos (Nigeria es un destino habitual) cuando tiene identificados a varios nacionales de esos estados en cuestión.

Aquellos extranjeros simplemente con estancia irregular y que tengan una orden de expulsión normalmente quedan en libertad si no han sido repatriados durante esas 72 horas. Existen trabas burocráticas y también las propias de la falta de documentación de los detenidos. “Por cada dos extranjeros detenidos con orden de expulsión se suele expulsar a uno. Los trámites y los recursos interpuestos son muy complejos y normalmente hay que estar muy pendientes de los jueces por si deciden paralizar una expulsión. En algunas ocasiones hemos tenido que sacar a algún ciudadano de la escalerilla del avión, porque un juez decidió suspender la expulsión temporalmente”, afirman los policías.

procedencia y tipos de delito En el caso de la Comunidad Foral, “la mitad de las expulsiones decretadas pertenecen a ciudadanos procedentes del Magreb (sobre todo, Marruecos, también Mauritania y Senegal). Después, por orden de importancia, Latinoamérica (Colombia, Ecuador, Bolivia, Brasil y República Dominicana) es el otro espacio que copa más repatriaciones y, por último, están los países de la Europa del Este y los asiáticos”, desglosa Arana. Los perfiles delictivos son similares. Por lo general, los delincuentes deportados están relacionados con robos, hurtos, agresiones, malos tratos y tráfico de drogas.

con visado de turista El resto de los 48 expulsados desde Navarra el año pasado lo fueron por encontrarse en situación irregular. Si bien no contaban con antecedentes delictivos, estaban inmersos a la economía sumergida, carecían de arraigo o estaban ligados al mundo de la prostitución. La Policía busca que las mafias no puedan explotar a estas personas y trata de impedir que sean una diana fácil. “Cuando detectamos a alguien en situación irregular se abre un abanico de posibilidades. En caso de que tenga antecedentes policiales, sanciones administrativas (multas), creamos que no tienen arraigo porque ejercen la prostitución o el proxenetismo o están intentando trabajar en actividades desarraigadas, no reguladas, se incoa el procedimiento sancionador (en Navarra en 2009 se iniciaron 424 expedientes)”, refleja Arana, jefe de la brigada. Lo que determina la propuesta de expulsión en términos policiales son el cúmulo de indicios de que esa persona no va a abandonar el país de manera voluntaria. Normalmente la mayoría de los extranjeros irregulares tienen como objetivo permanecer en esta situación durante tres años, para obtener una autorización de residencia por arraigo".

La legislación española no sólo prevé la expulsión administrativa de ciudadanos extranjeros en situación irregular, sino también por otras causas como comisión de infracciones graves contra el orden público o ser condenados a penas de prisión de más de un año, causas éstas últimas aplicables también a extranjeros con autorización de residencia. También, existe la expulsión judicial, prevista no en la Ley de Extranjería, sino en el Código Penal, que consiste en que el juez competente sustituya la pena impuesta por la comisión de un delito por la expulsión del país.

Las órdenes de expulsión administrativas en Navarra son decretadas por la Delegación del Gobierno y se dispone de un máximo de seis meses para que ese expediente sea resuelto. En caso de que al término de este plazo de tiempo no se notifique la resolución de expulsión, el expediente caduca. Es habitual que la Policía adopte la medida cautelar de retirada del pasaporte desde el inicio del expediente para asegurar la ejecución de la expulsión.

¿Qué conlleva una expulsión? En caso de que un extranjero haya sido expulsado sufrirá también una prohibición de entrada tanto en España como en la mayoría de los países de la Unión Europea (espacio Schengen) durante un periodo de tiempo que puede variar entre tres y diez años.

El procedimiento policial para ejecutar la expulsión de estos ciudadanos extranjeros resulta otra enrevesada cadena de custodia y permisos. Primero, como queda dicho, existe el límite temporal de las 72 horas, tiempo máximo de detención provisional de un arrestado. A contrarreloj, los agentes policiales tienen que mover la maquinaria de deportación, comprobar que existe una documentación (pasaporte) y que en caso de que la persona proceda de un país lejano, existan vuelos disponibles y compañías aéreas dispuestas a admitir al deportado (en cada vuelo comercial, las compañías suelen establecer un máximo de repatriados, que normalmente es de tres pasajes). En la mayoría de los casos, la tripulación del avión se hace cargo de la documentación del deportado y se la entrega a las autoridades del país de destino al aterrizar.

¿cuándo se les escolta? En caso de que la persona en cuestión cuente con antecedentes penales graves, es aconsejable que sea custodiado o escoltado por dos agentes policiales hasta el país de destino. También existen operadores de vuelos que exigen la custodia policial para que acojan como pasajeros a esos deportados (son normalmente aquellas compañías que operan en África). En Navarra apenas se dieron una decena de estos casos más graves durante 2009. Para los ciudadanos que proceden de Marruecos, “país muy colaborador en la acogida de sus nacionales”, los agentes trasladan al detenido en coche policial hasta Algeciras y allí lo embarcan en un ferry con destino al país magrebí.

“La mayoría de las veces, ya con una orden de expulsión en nuestro poder, las personas deciden marcharse de manera voluntaria. Pero a aquel que no lo haga, le tienes que obligar. Aún así repito que las cifras de delincuentes representan una minoría respecto a la realidad de los inmigrantes que llegan a Navarra”, reseña Arana. “El 99% de los extranjeros son ciudadanos normales y corrientes que no ofrecen ningún problema en su comportamiento. El 1% es el conflictivo. Y ahí tenemos que intentar expulsar a los delincuentes y a aquellos que puedan ser víctimas de las mafias”, zanja.