Trapagaran. La instrucción del caso por un presunto delito de acoso inmobiliario a una familia de etnia gitana realojada el año pasado en La Arboleda (Trapagaran) se reanudará hoy con la toma de declaraciones a dos representantes de la asociación de vecinos y a la teniente de alcalde de Trapagaran, Pilar Souto.

Su testificación estaba prevista para el pasado mes de diciembre, pero tuvo que suspenderse debido a que el abogado solicitó un aplazamiento dado al retraso con el que recibió el auto de enjuiciamiento. El magistrado les interrogará sobre los hechos que ocurrieron la pasada primavera cuando un matrimonio con cinco hijos intentó entrar a vivir a un piso protegida asignado por el Gobierno vasco.

La familia, a la que tachaban de “conflictiva”, se encontró la puerta de la vivienda tapiada en dos ocasiones y hubo una sentada en el portal protagonizada por decenas de vecinos que fueron desalojados por la Ertzaintza. La concejala, por su parte, se negó a empadronarles hasta que el Ararteko intervino y emitió una resolución instándole a que les registrara.

El presidente de la asociación vecinal, Iñaki Zamarripa, ha manifestado que acuden “tranquilos” a pesar de que todavía no están muy seguros de la acusación que pesa sobre ellos. “Todavía no sabemos exactamente la acusación en firme que hay contra nosotros, así que vamos a verlas venir”, comenta. Aunque no han convocado ninguna movilización, es posible que algunos ciudadanos acudan a título personal a la puerta del juzgado para expresarles su apoyo.

La teniente de alcalde, por su parte, no ha querido hacer declaraciones, pero DEIA ha podido saber que va a ser representada por uno de los bufetes de abogados más prestigiosos de Bilbao con el que trabaja el Ayuntamiento. La familia ya cubrió este trámite en diciembre y entonces denunció estar siendo acosada por lo que había solicitado un cambio de vivienda.