Indignados y dispuestos a todo. Así se encuentran los vecinos de Lakuabizkarra que ayer, en cuestión de horas, pasaron del estupor inicial al enfado generalizado al conocer que el nuevo Centro de Inserción Social (CIS) para reclusos con penas leves se levantará al final en su barrio.

Pese a que en un principio Zabalgana era la opción preferente, ha habido cambio de planes. En concreto, y según desveló EL CORREO, el complejo penitenciario impulsado por el Ministerio del Interior y que acogerá a un máximo de 200 reclusos con condenas menores se ubicará en la confluencia de las calles Baiona y Sierra Urbasa, en la zona más occidental del distrito.

La reacción de los residentes, pese a haberles pillado por sorpresa la noticia, no se ha hecho esperar y se ha concretado en un rotundo rechazo al futuro centro, cuyo proyecto pretenden paralizar. «La reacción de la gente ha sido bestial, toda la mañana me han estado llamando muy cabreados y muchos hablan ya de movilizarse en contra», reconocía ayer a este periódico Carlos Sevillano, presidente de Gorbeia Auzokideak, colectivo vecinal que representa a los barrios de Lakuabizkarra e Ibaiondo.

De entrada, su malestar se debe a que no han sido consultados sobre la implantación de esa instalación penitenciaria en su distrito. «Lo han hecho con alevosía, sin decirnos nada, ha sido una jugada de la noche a la mañana», denunció Sevillano, en referencia a que han sido los gobiernos municipal – el propietario del solar – y el central los que han llevado a cabo esta operación con el mayor sigilo. En opinión del líder vecinal, de haber tenido noticias al respecto «podríamos haber aportado alguna otra solución». Por eso, hoy por hoy, «la asociación está cerrada a toda negociación y acuerdo con el equipo de gobierno», zanja antes de incidir de nuevo en el malestar y la preocupación que se han extendido por el populoso barrio.

¿El motivo? Que el complejo, cuyas obras costarán 6,2 millones de euros, se levantará «al lado de una guardería para 200 niños, del colegio Lakuabizkarra que se abrirá en septiembre para 800 alumnos y de unos pisos de alquiler social, donde viven algunas familias gitanas», recalca Sevillano. El presidente del colectivo desveló que las asociaciones de padres y madres de ambos centros «ya se están movilizando, y el director del colegio también se ha dirigido al Gobierno vasco para interesarse sobre el proyecto».

Reuniones y folletos

Su patente preocupación se trasluce también en las palabras de Luismi Corres, padre de una niña de dos años y residente en los bloques más cercanos al polémico centro de inserción social, destinado a aquellas personas que cumplen el tercer grado y se encuentran «en régimen de semilibertad». «En otras ciudades, gente que se iba a reinsertar, no lo ha conseguido y ha robado, violado y demás. La experiencia nos dice que no lo consiguen al 100% y tenemos que estar pendientes de ese porcentaje», señala Corres.

Además, insiste en que «no somos racistas, en el barrio no tenemos problemas con los gitanos, pero aquí hablamos de meter a 200 presos sin vigilancia, cuando hoy en día, con la Justicia que hay, cualquiera obtiene el tercer grado. ¿Cómo no nos vamos a preocupar los padres?», interroga. Por eso, advierte de que «no lo queremos y no nos vamos a parar».

Tan convencidos están, que los próximos días prometen ser muy ajetreados para ellos. De entrada, hoy tienen previsto reunirse con los grupos de la oposición, además de preparar folletos informativos y buzonearlos. También desde Gorbeia Auzokideak remitirán cartas al resto de asociaciones vecinales de Vitoria «porque no se trata de cambiarlo de un barrio a otro, sino acordar lo mejor para todos», aclara Sevillano, que por ahora ya cuenta con el respaldo de las agrupaciones de Mariturri y de Lakua Arriaga. El portavoz de esta última, Ángel Lamelas, exigió ayer «que nos digan en qué condiciones está todo y qué se quiere hacer exactamente, no sabemos nada». Tras impulsar estas iniciativas, no descartan inminentes movilizaciones para frenar el proyecto.