La realidad no siempre se ajusta a lo deseable, y, aunque no debería ser lógico, las empresas, en tiempos de crisis, tienden a aumentar las infracciones laborales. Lo dicen los sindicatos, lo asumen a regañadientes los empresarios, y lo reconoció hace escasas semanas el propio ministro de Trabajo cuando, en rueda de prensa, estimó que la economía sumergida mueve en España cantidades económicas que oscilan entre el 16 y el 20 por ciento del Producto Interior Bruto. Celestino Corbacho aseguró entonces que las inspecciones de trabajo se incrementaron en 2009 en un 30 por ciento, pero los datos de la provincia de Castellón no se corresponden con la tendencia a la que apuntaba el responsable de Trabajo.

Más bien sucedió lo contrario: en el ‘año de la crisis’, el 2009, los controles en empresas de Castellón se redujeron de forma considerable con respecto al año anterior, concretamente en un 12 por ciento. En consecuencia, se detectaron menos infracciones, se multó a menos empresas, y las arcas públicas recuperaron una cuantía menor de dinero procedente de empresas castellonenses que inclumplen la legalidad en materia laboral.

Los técnicos, en 2009, abandonaron de manera especial los controles relacionados con infracciones a la ley de extranjería, considerados una herramienta fundamental para luchar contra aquellos empresarios que emplean de modo irregular a inmigrantes a los que, en no pocas ocasiones, pagan menos que a los trabajadores con nacionalidad española. En Castellón se llevaron a cabo durante el año pasado 667 actuaciones de este tipo, frente a las 1.072 registradas durante 2008. Tras las inspecciones, los técnicos sancionaron a 102 empresas, aproximadamente una de cada seis. Pese a que la crisis económica golpeó con menos virulencia en 2008 a las firmas de la provincia, el Gobierno destinó más recursos al control de las condiciones laborales de la población extranjera. De las 1.072 actuaciones llevadas a cabo en ese periodo, 231 dieron como resultado una sanción, según los datos publicados por el Ministerio.

Las visitas de los inspectores de trabajo sirven precisamente para cerciorarse de que las empresas cumplen las normas. Cuando detectan irregularidades, imponen multas. En materia de extranjería, la laxitud en las visitas ha provocado que en tan sólo un año las sanciones a empresas de la provincia hayan caído a la mitad. La cuantía de las multas también ha descendido. El Gobierno, en 2008, reclamó cerca de 1,4 millones de euros a las empresas que fueron descubiertas cometiendo irregularidades. En 2009, en cambio, sólo se pidieron 600.000 euros. Las arcas del Estado, en consecuencia, recuperarán menos dinero en el combate por frenar las irregularidades o los abusos a la población extranjera.

‘Estafas’ a la Seguridad Social

Buena parte de las indagaciones de los inspectores van encaminadas a detectar empresas que estafan a la Seguridad Social con métodos ya tan tradicionales como no dar de alta a sus trabajadores. En 2009, la asfixia financiera aumentó el riesgo de que este tipo de prácticas se generalizasen, pero la Inspección de Trabajo en Castellón rechazó destinar más esfuerzos a localizar irregularidades. Al contrario: los inspectores se plantaron en las cerca de 6.700 actuaciones registradas hasta finales de año, frente a las 7.331 de 2008. En aquel ejercicio, los auditores detectaron 819 quebrantamientos de la legalidad en materia de Seguridad Social, impusieron multas por valor de más de 1,6 millones de euros, y consiguieron que 279 empleados, antes sin derechos y en condiciones irregulares, fuesen dados de alta en el régimen general, lo que a su vez reporta ingresos en las arcas públicas.

En 2009, en cambio, los inspectores sólo localizaron a cerca de 700 empresas infractoras, un centenar menos que en el ejercicio anterior, y castigaron a sus responsables a abonar un millón de euros en concepto de sanción, un 50 por ciento menos que un año atrás. El Estado luchó con menor virulencia contra la economía sumergida en Castellón y dejó un poco más abandonadas a su suerte a las víctimas de esa situación: los empleados, que, inmigrantes o no, son sometidos a vivir al margen de la legalidad.