París – El furtivo desembarco de 123 inmigrantes kurdos sin papeles hace sólo tres semanas en una playa del sur de Córcega puso de manifiesto la inadaptación de la legislación francesa ante una eventual entrada masiva de clandestinos.
Así lo cree el ministro galo de Inmigración, Eric Besson, tras el revés que la Justicia le infligió al anular, por vicio de procedimiento, los decretos de expulsión que su departamento había redactado. Los ilegales fueron repartidos precipitadamente en distintos centros de retención ante la imposibilidad legal de mantenerles aislados «in situ», escapando así a una reconducción inmediata a Siria, país del que presumiblemente procedían.
Para evitar que la situación se repita y sobre todo nuevas desautorizaciones de la administración judicial, un anteproyecto de ley que ayer filtraron algunos medios prevé la posibilidad de convertir cualquier espacio en «zona de tránsito».
«Se extenderá en torno al perímetro en que se haya localizado a los extranjeros en situación irregular y permitirá a las autoridades administrativas tenerlos bajo su control durante el tiempo suficiente para poder habilitar los medios necesarios y examinar, de manera adaptada, una eventual petición de asilo», detallaba ayer el ministro Besson, artífice del texto, en una entrevista a «Le Figaro».
Actualmente las zonas de espera y tránsito, de las que Francia cuenta con medio centenar, se sitúan únicamente en los pasos fronterizos, sean aéreos, marítimos o terrestress; es decir, en aeropuertos, puertos de mar  y estaciones de tren, donde todo individuo que haya entrado irregularmente en el país puede ser retenido mientras decide abandonar voluntariamente el territorio o solicita, si procede, asilo. Esta medida que endurece la entrada ilegal en Francia es una de las más destacadas de un arsenal con el que el Gobierno de Sarkozy pretende también limitar la estancia e incluso la posibilidad de retorno de un extranjero que previamente haya sido expulsado. Según este primer borrador, también se prevé sancionar más severamente la contratación de «sin papeles» y promover la tan ensalzada «inmigración escogida» del presidente galo, con permisos de residencia adaptados para los extranjeros más cualificados. Aunque el texto, que constituye la quinta modificación del código de extranjería en seis años, no pasará por el Consejo de Ministros antes de mediados de marzo, de momento se antoja un buen argumento para afianzar al electorado conservador en puertas de unas elecciones regionales.

Puntos básicos de la norma
- Zona de tránsito especial. Podrán crearse en todo lugar del territorio en que «uno o varios» extranjeros ilegales hayan sido localizados. Según el anteproyecto de ley, las autoridades administrativas estarán habilitadas a retenerlos y privarlos de libertad dentro de esa «área especial de espera» durante el tiempo necesario.
- Alejamiento expeditivo. El plazo para recurrir una expulsión ante el tribunal administrativo pasará de 30 días a 48 horas.
- Prohibición de retorno a Francia. Como estipula la directiva europea, la expulsión del territorio galo conllevará la prohibición de entrada a Francia por un periodo máximo de tres años y de cinco si el clandestino incumple los términos de su alejamiento.
- Lucha contra la contratación de ilegales. Los prefectos (delegados del Gobierno) podrán decretar el cierre por un máximo de «seis meses» y motivando su decisión a toda empresa que emplee a trabajadores «sin papeles» o en la que se detecten irregularidades en la contratación.
- Inmigración escogida. Se prevé la creación de permisos de residencia temporales de un máximo de tres años renovables para aquellos que acrediten estudios universitarios o experiencia profesional.