El PNV ha presentado una moción en el Congreso que insta al Gobierno central a tomar medidas para que las comunidades autónomas y las fiscalías sigan las mismas pautas al determinar la edad de los inmigrantes ‘sin papeles’ que llegan solos a España y afirman ser menores de edad. El texto, que fue presentado por el diputado Emilio Olabarria y se debatirá el próximo martes, denuncia el porcentaje «escandaloso» de jóvenes extranjeros que aseguran no haber cumplido los 18 años de edad para evitar que la Policía los expulse del territorio español.

La formación peneuvista advierte de que existen «estructuras, organizaciones o personas» que se dedican a falsificar documentos públicos para que los inmigrantes no aparezcan como adultos ante las autoridades y sean acogidos por las instituciones. Según Olabarria, las brigadas provinciales de extranjería y fronteras han constatado que el 60% de los menores tutelados por «numerosos Gobiernos autonómicos – en Euskadi, por las diputaciones – son realmente mayores de edad».

La moción del PNV es consecuencia de una interpelación dirigida la pasada semana al ministro de Justicia, Francisco Caamaño, sobre la misma cuestión. La formación nacionalista reclamó que se instruyera a los fiscales para que utilizaran siempre la prueba ósea, ya que la consideran el método «más fiable». Sin embargo, Caamaño respondió que no veía la necesidad de modificar lo previsto en la Ley de Extranjería, que contempla esa fórmula cuando no existan otros medios para determinar la edad de los extranjeros jóvenes.

Decisión «urgente»

El titular de Justicia recordó que las decisiones que toma el ministerio público sobre los inmigrantes se adoptan de manera «urgente» y que son medidas «cautelares y provisionalísimas». A pesar de ello, se mostró dispuesto a introducir mejoras en los actuales procedimientos si se demostrara que ello es necesario.

El PNV insiste en que la prueba ósea es la mejor manera de evitar los fraudes que, a su modo de ver, se están produciendo en la actualidad. Emilio Olabarria afirma que, gracias a ese procedimiento, la Diputación foral de Álava ha comprobado cómo entre un 60% y un 80% de los supuestos menores ‘sin papeles’ radicados en ese territorio son adultos y portan documentos con la fecha de nacimiento falsificada.