La larga polémica surgida en Álava en torno a los menores extranjeros no acompañados, ‘menas’, acogidos por la Diputación llegó ayer al Congreso de la mano del PNV, que pidió sin mucho éxito al ministro de Justicia, Francisco Caamaño, que exija a la Fiscalía una mayor control de estos «ficticios» menores. El diputado jeltzale Emilio Olabarría no se anduvo con rodeos y aseguró sin ambages que «entre un 60 y un 80% de estos chicos tiene entre 28 y 32 años, según la Brigada de Extranjería y Fronteras» – un dato luego corroborado por la prueba ósea – . «Estamos hablando incluso de un caso de delincuencia», apostilló. Caamaño, que habló de «casos aislados», pidió tiempo para que puede aplicarse la Ley de Extranjería.

Desde el estrado, Olabarría relató «una historia real como la vida misma» que tenía como protagonista a un chico «barbado» – mostró incluso su foto – que cuando fue detenido en Las Palmas en 2006 dijo que había nacido en Guinea en 1978. En 2009, cuando llegó a Vitoria, presentaba un nuevo pasaporte expedido en su país de origen apenas unas semanas antes y que decía que era menor de edad. ¿Dónde ha conseguido este nuevo pasaporte emitido además en su país de origen? Para el PNV, la respuesta apunta a la existencia de redes de falsificación e inmigración ilegal, como también se viene apuntando desde la Diputación alavesa. Cuando el diputado peneuvista se refirió a este caso, bromeó con el ministro asegurando que el menor tenía la misma barba que él y una edad incluso superior.

Cupos entre comunidades

Estas acusaciones coinciden con el contenido de documentos a los que ha tenido acceso EL CORREO, que evidencian una treintena de casos en los que la reseña policial de Canarias habla de ‘menores’ acogidos en Álava desde 2009 con edades de hasta 28 años. Lo paradójico, sin embargo, es que pese a llevar tres años en España, consiguen el pasaporte un par de semanas antes de pedir ayuda a la Diputación.

Respecto a la nueva Ley de Extranjería, que al final no incluye los cupos entre comunidades autónomas exigido por el PNV en su tramitación, Olabarría advirtió de que es un instrumento que no va a permitir solucionar este problema. «Se habla de establecer convenios entre comunidades pero todos sabemos que esto es imposible», recalcó tajante. El actual «desequilibrio» es evidente, ya que si Euskadi acoge a 800 ‘menas’, Madrid, siempre según el PNV, sólo 120, Valencia no llega a cien y La Rioja se ha negado a tener ninguno. «De todos es conocido que muchos territorios pagan el billete a estos jóvenes para que se vayan a Vitoria, Bilbao o San Sebastián, donde hay una amplia red de servicios, pero ya «desbordados».

Por ello, como mal menor, pidió que la Fiscalía de Álava establezca un protocolo único de actuación para determinar la edad de estos chicos, y que lo haga, por ejemplo, a través del Instituto de Medicina Legal. Caamaño, muy cortés, ofreció su mano y llamó a la «lealtad institucional».