LA NUEVA Ley de Extranjería entró en vigor el 13 de diciembre, sin embargo no fue hasta el 25 de enero cuando una circular interna de la Comisaría General pedía a los policías que procedieran a expulsar a más personas en situación ilegal y hacerlo de forma más rápida. La nota de Interior se transmitió en medio de la polémica nacional generada por la decisión del Ayuntamiento de Vic de no empadronar a los inmigrantes ilegales, y cuando más arreciaron las voces que reclamaban una política coherente con los sin papeles. El Gobierno hace lo que debe al aplicar la nueva Ley de Extranjería, menos laxa que la anterior, pero sería un error que cayera en la tentación de acordarse de ella sólo en función de los vaivenes de la opinión pública. Que la preocupación por la inmigración crece en Europa lo demuestran el anuncio del Gobierno de Berlusconi de crear un permiso de residencia por puntos ligado a que los extranjeros demuestren su voluntad de integrarse, o la iniciativa de Sarkozy de hacerles un contrato con deberes y derechos. España debe afrontar también el problema con decisión.