La tormenta de cifras referente a menores extranjeros no acompañados (menas, según la terminología usada por las distintas administraciones) que llegan a Andalucía en patera o en los bajos de algún camión se cree que ha amainado, pero no es así. El flujo de menores sin papeles que arriban a las costas andaluzas sigue siendo muy alto; se calcula que no menos de 10 entran clandestinamente cada día. Es cierto que en los centros de acogida de la Junta ingresaron un 9% menos en 2009 (1.099 menores frente a los 1.208 que lo hicieron el año 2008). Sin embargo, fueron un 13% más los que se quedaron el año pasado (929 frente a los 900 que lo hicieron en 2008). Y esto es así porque el perfil de los menas ha cambiado: ahora son más pequeños, apenas tienen 12 años; y saben a qué vienen: a quedarse.

Sólo por los puertos de Algeciras y Tarifa pasaron a España más de 300 menas en el último trimestre. La directora general de Infancia y Familia de la Junta, Carmen Belinchón, lo confirma. “Andalucía ha dejado de ser tierra de tránsito para convertirse en lugar de destino”, concluye.

Es decir, siguen llegando menores ilegalmente y nadie sabe cómo atajarlo. Ahora entran de otra forma; ya no lo hacen en patera, ni bajo la protección de las mafias. Ahora entran por los puertos. En los maleteros de los coches, ocultos entre fardos y enseres o “con la ayuda de algún primo”. Y esto se cree que es así porque de los 1.099 menas detectados en Andalucía en 2009, un 49% (495) fueron acogidos en los centros de Cádiz; la mayoría había entrado por el puerto de Algeciras. En Almería se acogieron 182 y en Málaga 136; tres provincias costeras, también con muchos puertos.

“Vienen a quedarse”, insiste Belinchón. Y traen un solo objetivo: conseguir “papeles” y un trabajo. Ya no les importa tener que pasar en los centros de acogida algunos años hasta alcanzar la mayoría de edad; representan el proyecto familiar más ambicioso y el futuro de quienes aguardan que vuelvan triunfantes.

Así las cosas, y con las dificultades que entraña la reagrupación familiar, las administraciones públicas han optado por cambiar de política. Últimamente se trabaja con miras a que estos menores, cuando lleguen a la mayoría de edad, sean referente y elemento disuasorio en sus pueblos de origen. Porque la repatriación – obligación que exige la ley siempre que las condiciones para una reagrupación familiar efectiva sean óptimas – no está siendo nada fácil; especialmente a Marruecos que representa el 77% de los menas. Al contrario, el país magrebí no acepta fácilmente esa reagrupación, a la que continuamente pone trabas que hacen que la resolución de los expedientes se demore durante años. También desde aquí se contribuye a ello. El Estado español tiene una legislación sobre menores que, para resolver estos expedientes, se precisa de la intervención de al menos tres secretarías de Estado, una subsecretaría, la delegación del Gobierno de la zona y la intervención de dos consejerías al menos de la comunidad autónoma correspondiente.

Mientras los expedientes de reagrupación se resuelven, los llamados menas reciben la misma educación que cualquier otro menor que esté bajo tutela de la Junta. Como complemento, la Administración andaluza prepara monitores y educadores sociales, españoles y del país magrebí, para que en aquellos pueblos en los que se detecta una mayor emigración infantil, expliquen a las familias que no tiene sentido arriesgar la vida de sus hijos. Y es que, reconoce Belinchón, “hoy ya hemos entendido que reagrupación familiar es también evitar que estos menores se vengan”.

Con este planteamiento, Andalucía ha propuesto a Marruecos la creación de seis centros de acogida en el norte del país magrebí, bien para formar a los menores que acepten regresar, bien para disuadir a aquellos que estén dispuestos a formarse antes de intentar dar el salto hasta aquí. “Porque… Que vengan inmigrantes , sí. Pero cuando sean adultos y con su contrato de trabajo”, concluye Belinchón.