El debate sobre el reconocimiento legal del llamado oficio más viejo del mundo está en la calle desde hace años. Pero ahora se va a trasladar también a los tribunales porque la Fiscalía de Alicante ha decidido por primera vez sentar en el banquillo de los acusados a dos proxenetas por explotar laboralmente a las chicas a las que controlaban.

La decisión, de la que existen escasos precedentes jurídicos, supone el reconocimiento implícito como trabajo de esta actividad, que en España es tolerada por las autoridades pero no es legal.

El fiscal encargado del caso, Javier Romero, coordinador también de Siniestralidad Laboral en la provincia, apuntala sus argumentos con jurisprudencia del Tribunal Supremo. Recurre al artículo 311.1º del Código Penal y no al 188.1 porque las prostitutas habían elegido libremente ofrecer sexo a cambio de dinero, pero sus condiciones de trabajo eran poco menos que inhumanas, con turnos de 12 ó 24 horas y la obligación de pagar a sus empleadores comisiones abusivas.

Los acusados son el francés Michel Antoine Henri Pierre F. y su compañera sentimental, Guillermina M.J., supuestos responsables del mayor tinglado de prostitución en pisos particulares descubierto por las fuerzas de seguridad de Alicante en los últimos años.

La pareja fue detenida el 2 de junio del pasado año en el marco de una importante redada en varias calles del centro de la capital que se saldó con una veintena de arrestos, la mayoría de mujeres extranjeras sin residencia legal en España. En su escrito de acusación provisional, al que ha tenido acceso este diario, el fiscal pide dos años de cárcel para cada uno de los procesados por sendos delitos contra los derechos de los trabajadores, así como otros dos años para el hombre por tenencia ilícita de armas, pues los agentes del Cuerpo Nacional de Policía hallaron en su poder una escopeta de cañón y culata recortados con 43 cartuchos.

El principal sospechoso, de 62 años, y su compañera, de 34, regentaban presuntamente el centro neurálgico del tinglado, la Whisquería Amazonas, ubicada en la calle Segura y donde las chicas trababan contacto con sus clientes. Sin embargo, los servicios sexuales se prestaban en pisos cercanos que estaban alquilados por los reos, en concreto en la misma calle Segura y en Marqués de Molins, Berenguer de Marquina y Cardenal Payá.

La Fiscalía sostiene que las mujeres debían presentar una solicitud para aspirar a una plaza y luego eran empleadas «ilegalmente, careciendo de contratos laborales, altas en la Seguridad Social y sin coberturas sanitarias en caso de enfermedad o accidente».

Comisiones abusivas

De esta manera, los presuntos proxenetas, que percibían comisiones abusivas por cada servicio, por ejemplo 50 de los 100 euros que costaba pasar una hora con una de las mujeres, lograban «reducir costes tanto salariales como de cotizaciones y aumentar los beneficios de la empresa». Todo ello, según precisa el ministerio público, «a costa de restringir o incluso suprimir los derechos laborales antes mencionados».

La policía, que llegó a pedir el cierre cautelar de la whisquería aunque la juez instructora lo denegó, decidió intervenir ante las denuncias de algunos vecinos y dos inmigrantes nigerianas que habían sido despedidas recientemente porque eran de raza negra, un color por lo visto alejado de los gustos de los clientes en aquella época.

Pero el fiscal también dispone como prueba de cargo para el futuro juicio del testimonio de dos testigos protegidas, otras dos chicas que al parecer habrían sufrido también explotación laboral en los pisos de alquiler que rodeaban al Amazonas.

La operación policial no puso al descubierto una red de trata de blancas al uso, controlada por bandas organizadas que usan la coacción y la violencia y abarcan una amplia modalidad de delitos (extorsión, falsificación de documentos y tráfico de seres humanos), sino más bien un negocio muy próspero a costa de las trabajadoras, una próspera fábrica de servicios sexuales enclavada discretamente en el orazón de la ciudad.

En el domicilio del acusado se encontraron 33.040 euros y multitud de documentos, facturas y recibos del alquiler de los pisos que eran convertidos en casas de citas. Un juez resolverá en unos meses si estas mujeres son o no trabajadoras, y en caso afirmativo, autónomas o por cuenta ajena.