Bilbao. La pesadilla ha terminado para Fathi Bibuda, el ciudadano de origen marroquí casado con una bilbaina, retenido desde el pasado día 21 en un centro de internamiento para extranjeros localizado en Hendaia. Ayer pudo regresar a su hogar y abrazar a su esposa que, durante estos días ha repasado con angustia y cierta indignación la situación que ha tenido que vivir. Y es que, el Tribunal de la Grand Instance de Baiona ordenó ayer su inmediata puesta en libertad.

Bibuda fue ingresado en este centro tras ser detenido cuando trataba de volver a su hogar y cruzar la muga en tren procedente de París, donde había visitado a unos familiares. En ese momento y se le impidió su entrada en territorio español. Su abogado, Javier Galparsoro, recurrió esta situación ante un juzgado de lo contencioso – administrativo de Donostia, que ordenó que se le permitiera regresar a su ciudad de residencia, ya que se encuentra a la espera de sentencia sobre la concesión de la tarjeta de residencia definitiva.

Galparsoro explicó, en una nota, que la decisión del tribunal francés no tiene “precedentes” y responde a la “encarnizada batalla jurídica” que él ha mantenido “desde que la Comisaría de Policía Nacional de Irun denegó la entrada en España” a este ciudadano marroquí. Recordó, en este sentido, que la Policía francesa estuvo a punto de deportar al inmigrante, quien “ha permanecido recluido inexplicablemente y en deplorables condiciones” todo este tiempo.

Galparsoro aclaró que su trabajo, junto al de la organización francesa CIMADE, “ha permitido desmontar las gravísimas irregularidades cometidas por las autoridades policiales francesas y españolas en aplicación del Convenio de Readmisión hispano francés de 2002, incumpliendo garantías constitucionales previstas también en la Ley de Extranjería española y con ocultamiento de información entre los dos países”.

En un primer momento, las autoridades francesas solicitaron un pedido de readmisión a España, ya que tiene documentación española, pero fue rechazada por la Comisaría de Policía de Irun, amparándose en el argumento de que se le había denegado la tarjeta de residencia. Sin embargo, las autoridades policiales de Irun no se percataron de que se había recurrido la denegación de residencia, por lo que debieron permitir la entrada, tal y como lo corroboró después un juzgado de Donostia.

Para Galparsoro, el hecho, “con ser grave, no es insólito”. Tal y como insistió en sus declaraciones a este diario, “debemos recordar que existen otras irregularidades graves cometidas desde esta Brigada de Extranjería y Documentación de Gipuzkoa, especialmente desde el Grupo Operativo de Extranjeros de Irun, que dieron lugar a otra resolución de retorno de una súbdita boliviana, que fue indebidamente deportada a su país desde la localidad fronteriza, cuando pendía también un procedimiento judicial finalmente estimado, lo que originó su regreso a España con cargo al Ministerio del Interior”.

Por todo ello, el representante del CEAR en Euskadi se congratuló de haber podido desmontar “las gravísimas irregularidades cometidas por las autoridades policiales francesas y españolas”.