¿La hucha de las pensiones empieza a agrietarse? Como diría la canción, la respuesta depende del cristal con que se mire. El de los sindicatos defiende que las cuentas de la Seguridad Social mantienen un superávit que hace innecesaria la reforma. El del Gobierno, por contra, alerta de que en 2030 habrá 15 millones de jubilados cuya paga penderá del hilo de una población activa que se prevé insuficiente. Sea como fuere, la propuesta del Ejecutivo de alargar la vida laboral hasta los 67 años ha levantado una polvareda política y social que invita a la reflexión.

SUR ha recurrido a una decena de expertos en demografía, recursos humanos, geriatría, economía o bienestar social para trazar una completa radiografía que permita conocer las cartas que juega la provincia de Málaga en esta polémica partida que, como coinciden las fuentes consultadas, debe plantearse «lo antes posible» para activar mecanismos que garanticen la sostenibilidad de las pensiones a medio y largo plazo.

A día de hoy 6.700 malagueños renuncian a la retirada y se mantienen activos por encima de los 65. La cifra se ha triplicado en cuatro años, pero apenas representa el 0,8% de la población activa. ¿Hay que promover fórmulas dirigidas a aumentar este porcentaje? Los expertos creen que sí, pero matizan que es un puzle en el que inciden muchos factores.

La primera pieza hay que buscarla en las proyecciones demográficas. Las elaboradas por el Instituto Nacional de Estadística, cuya fotografías permiten viajar en el tiempo hasta el año 2018, revelan que para entonces Málaga sumará 1.787.082 habitantes, un 12% más que los actuales. El problema, como indican las tablas, es que buena parte de ese crecimiento recaerá sobre la población de más de 65 años, que avanzará un 21,2% (49.404 habitantes).

Retirada del ‘baby boom’

El escenario se recrudece si se mira a un horizonte más lejano. Para 2025, el Instituto de Estadística de Andalucía estima que un 19% de la población de Málaga (347.659 personas) superará la actual edad de jubilación. «A partir de ese año comenzarán realmente los problemas coincidiendo con la retirada masiva de la generación del ‘baby boom’ nacida en los 60. Con los patrones que manejamos, habrá déficit, ya que se jubilarán más personas de las que se incorporarán al trabajo; y esas cuentas hay que echarlas», explica la profesora de Geografía Humana de la Universidad de Málaga, Carmen Carvajal.

Durante las próximas décadas Málaga tendrá pues más arrugas, lo que supondrá un importante contrapeso en la balanza de la Seguridad Social. No sólo habrá más personas en edad de jubilarse sino que, además, dicho colectivo estará cobrando la pensión durante más años (hasta 23), dado el alargamiento de la esperanza de vida, que en estos momentos es de 76 años para los hombres y de 86 para las mujeres malagueñas.

Llegados a este punto, expertos como José Antonio López Trigo, de la Sociedad Andaluza de Geriatría, apelan a factores sociales y recuerdan cómo la mejora de la calidad de vida – derivada de ingredientes nutricionales o sanitarios – ha cambiado el concepto del mayor y ha multiplicado el número de personas que cumplen 90 años, «eso sí, a costa de acumular situaciones de dependencia en sus últimos años, lo que a su vez genera muchos costes», comenta. «Hoy día la mayoría de personas alcanzan los 65 años con plenitud intelectual y de rendimiento», agrega al tiempo que se muestra partidario de premiar su permanencia en el entorno de trabajo, «pero siempre de forma voluntaria, nunca por decreto, porque cada cual tiene una necesidades dependiendo del empleo que haya desarrollado y del desgaste al que se haya enfrentado», señala. «Lo que sí comparto es que algo hay que hacer porque cada vez tendremos más gasto en mayores y dependientes» dice.

Ese elevado desembolso, como recuerdan los analistas, dará un importante bocado a las arcas de las pensiones. Para compensarlo, destacan la importancia de que otros indicadores demográficos registren comportamientos positivos, cosa que según las previsiones no ocurrirá. «La tasa de natalidad, aunque ha repuntado ligeramente, seguirá baja y la llegada de inmigrantes, que hasta ahora se perfilaba como nuestro salvavidas, se ha frenado en seco por la crisis. Con estos parámetros sobre la mesa el debate sobre las jubilaciones es necesario, aunque sea políticamente incorrecto», mantiene Felisa Becerra, directora de coyuntura de Analistas Económicos de Andalucía.

Actualmente el número de hijos por malagueña es de 1,5, una cifra aún muy alejada del ratio de 3 registrado en 1975. El pasado 2009 nacieron en la provincia 19.098 niños y en 2018 se estima que lo harán 18.012 (un 5,6% menos). Los datos de inmigración tampoco son halagüeños. Al respecto, las estadísticas del INE muestran que los ciudadanos extranjeros han sustentado en estos últimos años el avance del padrón en la mayoría de municipios malagueños, hasta el punto de que casi el 70% de los nuevos residentes incorporados en 2008 fueron foráneos. Pero este escenario dará un giro durante la próxima década. La inestabilidad financiera unida a la caída de actividad en todos los sectores productivos está desacelerando su aterrizaje en la provincia. En 2009 Málaga recibió a 18.893 inmigrantes y en 2018 esta cifra caerá a 14.881.

Por tanto, crece la población mayor en edad de jubilarse y se congelan los colectivos que podrían dar vigor a la población activa, como son las nuevas generaciones y los inmigrantes. Este desfase es precisamente el argumento al que recurren organismos como el Banco de España para dar el visto bueno a la reforma que baraja Zapatero. En su último boletín económico, la entidad reguladora reitera la necesidad de que se acometan reformas estructurales para superar la crisis y restablecer el crecimiento y la generación de empleo.

Ampliación gradual

La propuesta del PSOE (que deberá debatirse entre todos los integrantes del Pacto de Toledo) consiste en ampliar la edad de jubilación de forma gradual a partir de 2013. Así, ésta aumentaría en dos meses cada año hasta sumar los 67 en 2024.

Fórmulas como ésta han sido aplicadas ya en países desarrollados como EE.UU., Alemania, Reino Unido, Dinamarca, Islandia o Noruega con el fin de terminar elevando la edad real con la que se retiran los trabajadores, que en España se sitúa en los 63,8 años. ¿Y qué ocurre en la provincia? Las cifras de la Encuesta de Población Activa (EPA) indican que a finales del pasado 2009 había 6.700 malagueños – 4.000 hombres frente a 2.700 mujeres – que se mantenían en el mercado laboral pese a haber cumplido la edad de retirarse. Se trata de la cifra más elevada de Andalucía (donde hay 23.600 activos de más de 65) y la mayor de los últimos años. De hecho, en sólo cuatro casi se ha triplicado, pasando de los 2.000 contabilizados en 2005 a los cerca de 7.000 actuales. A juicio de las fuentes consultadas, las claves de este fuerte aumento hay que buscarlas en la crisis «que está obligando a estos profesionales a permanecer en sus puestos, en muchos casos para mantener a otros familiares en paro»y en la mejora de las condiciones de vida, que anima cada vez a más mayores a seguir desempeñando su función de motus propio.

Es precisamente este matiz, el de la voluntariedad, el más defendido por los expertos entrevistados por SUR, que argumentan que no se puede fijar un único criterio para todos los trabajadores. En este línea, recuerdan que, por norma, quienes se resisten a jubilarse suelen pertenecer a sectores más intelectuales que físicos con un importante peso vocacional, como médicos, empresarios, arquitectos o abogados, ente otros. Baste un ejemplo: según datos del Colegio de Abogados de Málaga, la provincia cuenta con 178 letrados en activo.

Elevada tasa de paro

Este grupo, sin embargo, sigue siendo muy reducido, lo que podría poner en jaque a medio plazo el sistema de pensiones. En estos momentos Málaga suma 774.200 activos de los que sólo 562.500 están ocupados. Los parados, por su parte, 211.800, representan el 27% del total de activos; un dato preocupante que ha hecho mella en las afiliaciones a la Seguridad Social, que se han desplomado un 3,8% en el último año, con un descenso de 20.488 cotizantes.

Así las cosas, con una cifra de 116.318 jubilados y 222.6000 pensionistas, el ratio actual de activos para abonar cada pensión es de 3,4 malagueños. Pero los indicadores demográficos advierten de que la tasa podría caer hasta 2,9. «El sistema tiende al colapso, dado que no se está generando suficiente empleo y, además, la población envejece», indica el director del Instituto Andaluz de Estudios Financieros, Ángel Yágüe. En su caso, rechaza que se imponga la jubilación a los 67 y, en su lugar, aboga por fomentar el espíritu emprendedor, por retener el talento de los mayores mediante incentivos o por dar facilidades a los autónomos.

Pedro García, socio director de la consultora Standby, propone frenar las prejubilaciones (otra de las medidas defendidas por el Gobierno) y reducirlas a casos muy puntuales. Sólo en Andalucía, el último dato disponible de 2006 habla de 102.800 prejubilados. El 72% de los docentes malagueños, de hecho, se retiran a los 60 años, según datos facilitados por la delegación de Educación.

Los sindicatos no entienden la reforma planteada por el Gobierno ya que, como recalcan, la Seguridad Social despidió el 2009 con superávit pese a la crisis. Tanto el líder provincial de CC OO, Antonio Herrera, como el de UGT, Manuel Ferrer, lamentan que el Ejecutivo esté «alarmando» y exigen que cualquier cambio en el sistema debe hacerse de manera «sosegada y consensuada». «Si el PSOE no retoma la cordura habrá movilizaciones», advierten.