Consenso, consenso y consenso. En cada respuesta sobre el debate ya iniciado para buscar un nuevo modelo para los servicios sociales, Covadonga Solaguren repite sin cesar la palabra consenso. Sí, un acuerdo entre partidos, instituciones y colectivos que logre crear nuevas vías de financiación para garantizar la «sostenibilidad» económica de los recursos. Eso sí, aclara que «nadie se quedará sin un recurso porque no tenga dinero». Respecto a la polémica de los menores extranjeros no acompañados y la huelga de Ariznavarra, continúa esa desesperante sensación de ‘déjà vu’ que le persigue desde hace dos años.

- El debate para la búsqueda de un nuevo modelo de los servicios sociales ya ha comenzado. Hay estudios, comparativas… Se habla de lo público, de dar mayor cabida a lo privado… ¿Cuál es la propuesta de la Diputación?

- No estamos hablando de un nuevo modelo, sino de orientaciones a futuro del actual modelo. Lo que queremos es llegar a un acuerdo con todos los partidos para lograr que en el futuro las políticas sociales sean sostenibles basándonos en dos principios: contención del gasto y priorización, y segundo, búsqueda de recursos alternativos para financiar las políticas que tenemos y si podemos, mejorarlas.

- Y dentro de esta búsqueda de más recursos económicos, ¿cuál es su preferencia? Un nuevo impuesto, fomentar el copago, que el Gobierno asuma más competencias…

- Es un debate en el que todas las instituciones están implicadas y será el consenso de todos los partidos el que lo decidirá.

- Pero por alguna apostará.

- Una no excluye a otras. Apostamos por la responsabilidad pública y dentro de ésta, mirar el sistema de gestión con principios de eficacia y eficiencia para garantizar una prestación de calidad.

- Se lo preguntaré de otra forma. Un alavés que paga 970 euros al mes en un geriátrico foral, ¿tendrá que pagar más a corto plazo?

- A día de hoy, esto no está decidido porque es un acuerdo que debemos tomar todas las instituciones. Cuando hablamos del copago, hablamos de que el precio público tenga tres partes: la sanitaria, la asistencial y la de hospedería. Éste es el debate, si el copago sólo debe referirse a la hospedería o también a las dos primeras partes.

- Habla de precio público, pero en las residencias de la tercera edad de Álava se paga la mitad que en Vizcaya y Guipúzcoa. Si el objetivo es equiparar tarifas, ¿las subirán ustedes o se bajarán las de las otras dos provincias?

- Cuando hablamos de la sostenibilidad a futuro de los servicios sociales está claro que quien más tenga tendrá que pagar el precio público. Pero nadie se quedará sin un recurso social porque no tenga dinero.

- Más dinero para atender a dependientes en sus casas y menos residencias. ¿Comparte la reflexión que plantean los documentos que acaba de presentar a las Juntas?

- Se da mucho en otras comunidades autónomas, donde la proporción de las prestaciones económicas es incluso del 90%. Pero en Álava, hay más servicios que ayudas. Hacemos una aplicación estricta de la Ley de Dependencia, que dice que lo primero que debe ofrecer una institución pública es un recurso y no ayuda económica. La prioridad deben ser los servicios.

Presión a Mapfre

- La huelga en un geriátrico de su propiedad, el de Ariznavarra, va camino de los dos años y lo peor es que carece de visos de solución. ¿Siguen en sus trece de no involucrarse en el conflicto laboral?

- Tenemos muy claro que el conflicto es laboral y que sólo atañe a la empresa, Mapfre – Quavitae, y a las trabajadoras. Debemos velar por la calidad del servicio y presionar a la empresa, y por eso ya no ingresamos a más personas, les hemos retenido 1,5 millones de euros, le hemos incoado dos sanciones… Sin ninguna duda, para nosotros el máximo responsable es la empresa.

- ¿No se han planteado recuperar la gestión del servicio como así le instaron las Juntas Generales y como se lo acaba de pedir el PSE, su socio presupuestario?

- Ustedes dijeron que podría costar 300 millones de euros y desde luego que esta cantidad, la mitad del presupuesto anual de la Diputación, no podemos destinarla a tal fin.

- ¿Mapfre le ha dicho por qué no vende la residencia pese a haber firmas interesadas que además ya tienen un acuerdo con ELA?

- Cuando nos reunimos con Mapfre, lo que le exigimos es que solucione el conflicto y que cumpla con el contrato prestando un servicio de calidad. Si otra empresa ha conseguido alcanzar un acuerdo con ELA no sé por qué ellos no lo hacen.

- El geriátrico es de titularidad foral, ustedes son los que pasan la factura mensual a sus residentes ¿Se plantean bajar el precio que ahora pagan como piden los familiares por no tener un servicio acorde a otros centros forales?

- El precio público de la plaza no llega ni al 30% del coste real. Además, se les ofreció cambiar a otra residencia de la red foral y de forma legítima, lo rechazaron.

Prueba ósea

- La Fiscalía les acusa de hacer pruebas óseas «de formal ilegal» a menores extranjeros no acompañados (‘menas’). ¿Por qué las hicieron y no pidieron al Ministerio Público que las encargara?

- La Fiscalía por fin reconoce públicamente que es la competente para hacer la prueba ósea y el decreto de determinación de la edad. Cuestión que le estamos requiriendo por escrito y de forma verbal desde inicios de 2009. Tenemos seis comunicaciones que así lo evidencian.

- ¿Siguen pensando que la Fiscalía actúa aquí de forma diferente a Vizcaya y Guipúzcoa?

- No opinamos, sólo hemos puesto en evidencia las discrepancias importantes que había entre el pasaporte, la prueba ósea hecha por Osakidetza, la apariencia y la reseña de cuando llegan a Canarias.

- ¿Por qué no dan las órdenes de tutelas a muchos ‘menas’ como el Ararteko ha denunciado al fiscal?

- No nos negamos, sino que estamos a la espera de las pruebas complementarias. Y a pesar de que el documento diga que ha nacido en el 78, seguimos atendiéndole como a un ‘mena’ porque no tenemos la competencia para determinar la edad. Quien tiene que regular esto es la Administración General del Estado para que la Fiscalía actúe por igual en todas las comunidades.

- Hay colectivos que les acusan de no dar las órdenes forales para evitarse pagar los mil euros mensuales que al parecer y de forma temporal se les da a los chicos cuando salen de los centros.

- No hemos dicho que no vamos a dar ninguna orden foral. Estamos poniendo en evidencia que a través del sistema de protección de menores se está intentando regularizar una situación ilegal de inmigración. El derecho es del menor y para el menor, no que se haya utilizado este vía para lograr papeles.

- Exigen cupos de reparto y un mayor un control del movimiento de estos ‘menas’. El PSOE, sin embargo, se negó a incluir estas exigencias del PNV en la modificación de la Ley de Extranjería. ¿Han perdido la batalla política?

- Incluso con la nueva ley se puede ordenar. Sólo es una cuestión de voluntad política. Álava, en 2009, ha atendido a 239 menores, y Madrid, con siete millones de habitantes, a 130. Es ilógico. Hay que ordenar.

- Pese a ser alto (85), la cifra de chicos que ahora acogen es el más bajo de los últimos meses. ¿Cerrarán recursos?

- El coste mensual de cada plaza es de 3.000 euros, y si están vacías, no podemos mantenerlas. Mi responsabilidad es hacer una gestión eficiente de los recursos y hay muchas necesidades que cubrir.