Un detenido en una operación contra un red de matrimonios de conveniencia en 2008. :: UBALDO ARACID

La jerga policial conoce a las bodas de conveniencia como ‘matrimonios blancos’, por analogía a un documento vacío, exento de contenido. Estrategias que a los inmigrantes sin papeles les salen caras – hasta 14.000 euros – , pero que garantizan el codiciado objetivo de legalizar su situación en España.

El desmantelamiento de la red que se dedicaba a organizar casamientos de interés, una de cuyas sedes se encontraba en una tienda de Torre Pacheco, ha puesto al descubierto una realidad bastante habitual en la Región, pero sobre todo en la zona de mayor densidad de población inmigrante, la comarca del Campo de Cartagena. Unos matrimonios amañados que no siempre tienen por qué pasar por la intervención de una organización o agencia delictiva.

La búsqueda de una pareja española o comunitaria se realiza no pocas veces mediante el boca a boca, con peticiones a conocidos y familiares conocedores del entorno. Por descontado, a la ‘cómplice pareja’ hay que compensarla con una buena cantidad de dinero, variable según el ‘bolsillo’ del interesado, pero nunca inferior a 2.000 o 3.000 euros. En estos casos, evidentemente, no hay que pagar a los jefes de la mafia, en todo caso una gratificación al mediador amigo.

Matrimonio fulminante

Localizar a uno de estos matrimonios es tarea casi imposible, pese a que el boca a boca indica que el Campo de Cartagena ha visto muchos de estos enlaces. A pesar de ello, en una zona rural del norte de Fuente Álamo y en el barrio cartagenero de Lo Campano, unos vecinos reconocieron dos casos investigados por la Policía. En el primero, un asiático se casó de forma fulminante con una española sin precedentes de amistad o noviazgo. En el segundo, una mujer gitana contrajo nupcias con un suramericano. En ambos supuestos, prácticamente después de salir del juzgado, marido y mujer siguieron con sus vidas sin más contacto.

A pesar de lo complicado que resulta desmantelar un ‘matrimonio blanco’, la Policía destina en sus Brigadas de Extranjería agentes específicos para estos menesteres. La información fundamental de una posible boda fraudulenta viene, lógicamente, de las de los registros civiles. Sólo hay una manera de demostrar que no es un matrimonio conforme a las prescripciones del código civil: la declaración. La misión del operativo policial es intentar que la pareja ‘cante’ los verdaderos motivos que le llevan al altar. Las diligencias pasan a los juzgados y deciden – o no – sobre su disolución.