Josep Miró i Ardèvol
La emigración es un problema. Negarlo como hace Zapatero tendrá las mismas consecuencias que haber negado la crisis económica: nos conducirá a una situación crítica de difícil salida. El problema surge del choque entre dos tipos de principios y derechos. Por un lado están los principios inherentes al hecho de ser persona: el poder emigrar del propio país, y ser tratado en cualquier lugar del mundo de acuerdo con aquella condición, con independencia de la posesión de la ciudadanía. Pero a su vez la sociedad receptora es portadora de otro tipo de derechos personales y colectivos que deben ser respetados.

La respuesta a un conflicto que nace de principios enfrentados es siempre idéntica. Debe buscarse la armonización entre ambos para atenuar el choque. Esto exige asumir con realismo y con capacidad integradora las mutuas incompatibilidades.

El Gobierno ha optado por todo lo contrario. En lugar de armonizar ha construido dos polaridades legales que contraponen los derechos de unos y otros, concretándolo jurídicamente de manera reduccionista y caótica. Ha añadido a este desastre conceptual y técnico la crónica incapacidad del Estado para hacer cumplir sus propias leyes. Usa el padrón para un fin espurio; para validar los derechos como personas de los inmigrantes, el acceso a la sanidad, la escuela y la demostración del arraigo. Lo que fue concebido en 1997, gobernando el PP, con estrictos fines estadísticos cuando la inmigración era una anécdota, el Gobierno lo ha convertido en portador de los derechos personales de los inmigrantes. Al otro lado, la ley de Extranjería, convertida en instrumento de defensa de los derechos de la sociedad receptora. Resultado: una brutal e inhumana paradoja. El ilegal puede residir legalmente, pero tiene prohibido trabajar, y teóricamente salir de casa, pues si lo hace puede ser detenido en plena calle y expulsado.

El alcalde de Vic ha tenido el valor y el acierto de mostrar las raíces del problema, avalado por la trayectoria de una ciudad que ha destacado en el buen trato a la inmigración. Las causas del conflicto son evidentes y la necesidad de elaborar un nuevo marco legal también. Su misión es armonizar los dos tipos de derechos contrapuestos, y cuestión decisiva dados los vicios de España, disponer de los medios necesarios para su cumplimiento.