Cuando una pareja entra en conflicto, lo más nimio se convierte en disculpa para armar una bronca. Los motivos para discrepar surgen como esporas. Nuestro país, a veces, parece que se ha convertido en una pareja mal avenida. El mundo de la política es un lugar adecuado para tirarse los trastos a la cabeza; parece como si el disentir fuera obligatorio. Y una de las cuestiones que más enfrentamientos provocan es sin duda la inmigración. Su ley reguladora se modifica año tras año y no pasa el día sin que alguien no inste una nueva modificación.

Hasta ahora el problema de los inmigrantes irregulares se había abordado de una forma pragmática y al menos aparentemente sencilla. Por un lado se había residenciado en los ayuntamientos la obligación de empadronarse, sin que eso supusiera ningún tipo de vinculación; solo conllevaba el derecho a la asistencia básica: la sanidad y la educación. Así se recoge en la Ley de Bases de Régimen Local y en la doctrina del Tribunal Constitucional.

Al tiempo, el ordenamiento jurídico se había dotado de una ley, la de extranjería, que prevé la expulsión de las personas que se encuentran en nuestro país sin papeles, es decir, irregulares.

Ese es el marco legal. A ninguna persona que viva en nuestro territorio se le puede impedir empadronarse; es más, es una obligación que tienen, pero al mismo tiempo a los irregulares se les puede expulsar.

En ese marco se desarrolla la política que se sigue en materia de extranjería, que, en mi opinión, se puede concretar en 4 ejes: a) Evitar en lo posible la entrada de inmigrantes sin papeles. b) Integrar en nuestros hábitos y en nuestra cultura a aquellos que gozan de permiso, evitando la formación de guetos. c) Prestar las asistencias básicas a cualquier persona que esté en territorio español. Y por último, d) Expulsar a los irregulares que tengan comportamientos poco adecuados.

Con esos cuatro elementos se ha ido haciendo un cesto armonioso, sin verdades absolutas, pero práctico y útil para vivir y convivir. No hay ninguna contradicción entre prestar asistencia básica, cuya carencia por otra parte no resolvería las nuestras, y al mismo tiempo seguir una norma que permite la expulsión para los irregulares inconvenientes. Y es en ese juego realizado con buen tino en donde desaparece la contradicción. A los hechos me remito. Hay miles de extranjeros irregulares empadronados y muchísimos menos expulsados. Las dos medidas rigen y las dos medidas permiten una práctica satisfactoria.

Hay quien no se contenta y pretende soluciones únicas en una materia que nos toca muy de cerca como personas y en la que hay que ir desarrollando prueba y error.

En España, los extranjeros regulares o irregulares prácticamente no reclaman: se contentan con las sobras, piden lo que les podemos dar.

Las decisiones u opiniones demagógicas no deberían caber en este tema. Es una cuestión que hay que poner fuera de la decisión de la pareja; no podemos beneficiarnos de ellos cuando cuidaban de nuestros enfermos o de nuestros mayores, limpiaban nuestras casas, se enrolaban en la pesca o ponían ladrillos, y ahora, que de pronto nos sobren y los cerquemos negándoles lo más elemental. Hay que poner un poco de cabeza y un poco de sentimiento. Ambas cosas son necesarias. En Vich nos faltó el sentimiento. Hay que recuperar la emoción.