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A la mayoría de los franceses, con su presidente, Nicolas Sarkozy, a la cabeza, les repugna el uso del burka o del niqab, que solo deja una rendija para los ojos, por parte de unas 2.000 mujeres musulmanas. Sin embargo, para proponer la prohibición de estas prendas en algunos espacios públicos, el presidente de la comisión parlamentaria encargada del dictamen correspondiente ha tenido que hacer uso de su voto de calidad.
El dato da idea de las tensiones entre los diputados –la derecha está por el veto y los socialistas y otros partidos se muestran divididos– y demuestra que una cosa es el sentimiento mayoritario en contra del ocultamiento del rostro y otra, la prohibición. Hay voces que sostienen que el veto agravará un problema que ahora es muy minoritario porque se producirá, como señal de protesta, un efecto contrario al deseado. Tampoco está claro el ámbito de aplicación de la futura ley. La comisión recomienda la prohibición en los servicios públicos, incluido el transporte, pero no en la calle. Las mujeres ocultas deberían en ese caso descubrirse al subir al metro o al autobús o renunciar a tomarlos e ir andando. Contra lo que proponían los más prohibicionistas, se descartan las sanciones económicas. El castigo consistiría en perder el derecho a la atención pública, lo que ya es de una dureza inusitada.
Son medidas muy discutibles en pleno debate sobre la identidad nacional y cuando el verdadero tema de fondo no es el burka, sino el encaje del islam en la República, la creación de un islam a la francesa. No parece que legislar sobre una forma de vestir rechazable, pero extremadamente minoritaria, sea la mejor manera de impulsarlo.