INMIGRACIÓN El Colectivo de abogados Ronda ha difundido un estudio jurídico en el que denuncia que la mayoría de ayuntamientos catalanes exigen requisitos ilegales para emitir el informe prescriptivo y previo a la obtención de la residencia por arraigo social. Esos requisitos ilegales, solicitados para emitir el Informe de Inserción Social, tienen que ver sobre todo con el tiempo de empadronamiento, cuando la ley no lo exige, según el portavoz del citado colectivo, Sergi Santacana. Entre los ayuntamientos que realizan esta práctica, Santacana ha mencionado Vilafranca del Penedès, Santa Margarida i els Monjos, Sant Boi de Llobregat y Cornellà de Llobregat, así como otros del resto de España que requieren a los emigrantes requisitos “variopintos”. Sobre el tema del padrón, el portavoz del PP en el ayuntamiento de Barcelona aseguró que los inmigrantes hacen “abuso”. Desde el PSC e ICV se acusó a los populares de tener planteamientos xenófobos. El responsable del padrón en Barcelona, Lluís Sanz, que compareció en comisión a instancias del PP, afirmó que el 1 de enero había 16.000 empadronados sin domicilio fijo en la ciudad, 13.500 de ellos (84%) extranjeros extracomunitarios. Según Sanz, son personas en situación de “marginación social” que no pueden acreditar documentos de propiedad o de alquiler de una vivienda y se les asigna un centro de servicios sociales como domicilio administrativo para poder recoger notificaciones oficiales. Por otra parte, la portavoz de Inmigración del PSOE, Esperanza Esteve, señaló que los metros cuadrados que necesita una persona para vivir, así como otras condiciones de habitabilidad de una vivienda, deben ser definidos desde criterios “técnicos, no políticos” en la próxima Ley de Gobierno Local./ Redacción