El Ayuntamiento de Brescia paga a los que quieran marcharse y no regresen Roma

¿Una iniciativa humanitaria para ayudar a los inmigrantes en apuros económicos que desean regresar a sus países o una medida xenófoba destinada a limpiar una localidad de extranjeros? Ésa es la duda trascendental que surge ante la disposición anunciada ayer por el Ayuntamiento de Brescia, un municipio del norte de Italia en el que viven unas 190.000 personas.

El alcalde de esa ciudad, Adriano Paroli (miembro del Pueblo de la Libertad, el partido que lidera Silvio Berlusconi) ha anunciado su intención de pagar 469 euros y el viaje de regreso a sus países de origen a todos aquellos inmigrantes que lo soliciten. A cambio, eso sí, de que devuelvan su permiso de residencia y se comprometan a no volver a poner el pie en Italia en los próximos cinco años.

El Ayuntamiento ya ha anunciado su intención de destinar 60.000 euros a financiar el programa en cuestión, que ha sido bautizado con el nombre de Regreso voluntario asistido. Y asegura que el mismo se inspira en el proyecto Nirva, secundado por varias ONG entre las que se incluye Cáritas y cofinanciado por la Unión Europea y el Ministerio italiano del Interior…

Pero, aunque ambas iniciativas se parecen, no son ni mucho menos iguales. El Proyecto Nirva, para empezar, está dirigido a ayudar exclusivamente a aquellos inmigrantes que se encuentran en Italia por motivos políticos o humanitarios (incluidos, por ejemplo, las víctimas de las mafias de prostitución o de las redes de explotación laboral) y que desean regresar a sus países.

Sin embargo, la iniciativa de Brescia no sólo va destinada a todos los inmigrantes en general sino que, sobre todo, impone a los que se beneficien de la misma la prohibición de regresar a Italia en cinco años.

Lo que se cuestiona es también la efectividad de la iniciativa. La república Checa ya puso en marcha el año pasado una iniciativa parecida, que preveía un billete de avión pagado y un bono de 500 euros (más 250 euros por niño) para los inmigrantes dispuestos a regresar a sus países. Sin embargo, de los 54.000 inmigrantes que a causa de la crisis han perdido su trabajo en la República Checa, sólo 2.089 se han acogido por ahora a esa medida.