Desde 2004, la Delegación del Gobierno de La Rioja ha tramitado 3.301 expedientes a extranjeros que se encontraban en situación irregular en esta comunidad. Unos documentos que en la mayoría de los casos no han supuesto la expulsión de España, según el asesor del delegado del Gobierno, Gustavo Gauthier, ya que es «difícil» de tramitar porque, cuando se les abre un expediente, muchos de ellos se van a otras zonas del país. En concreto, en 2009 se iniciaron 558 tramitaciones, una cifra similar a la de años pasados.
Con todo, según los datos de la Delegación del Gobierno, los inmigrantes que se encuentran en situación irregular son muy pocos. «Siempre va a existir un pequeño porcentaje de personas en situación ilegal, pero la gran mayoría de la inmigración en La Rioja es un volumen legal, que está en el país conforme a la Ley», explicó ayer Gauthier. La mayoría de ellos, según las estadísticas, son gente joven que está trabajando y que su labor es «necesaria para nuestro sistema económico y de pensiones». Por ello, el asesor del delegado no se atrevió a dar datos sobre inmigración ilegal «porque me equivocaría seguro. Lo que si me atrevo a decir es que es un porcentaje muy pequeño, casi marginal, y eso tiene que ver con que su llegada a nuestro país es cada vez menor».
Actualmente, según los datos de la Delegación hay 48.625 inmigrantes con permiso de residencia, de los que 20.790 son ciudadanos de la Unión Europea (con libertad de movimiento, de residencia y de trabajo en cualquier país comunitario) y 27.467 son de fuera de Europa. Así, 324 son estudiantes y 44 personas que han pedido asilo.
Ley de Extranjería
Respecto a la reforma de la Ley de Extranjería, Gauthier explicó que reconoce más derechos fundamentales que antes se negaban, exige más obligaciones e intensifica el control contra la inmigración ilegal.
A pesar de todo, el fenómeno migratorio nos va a acompañar las próximas décadas y es una realidad necesaria y positiva para España, según el asesor del delegado del Gobierno. «Es probable que ahora coyunturalmente haya una tasa de paro elevada, pero en uno o dos años esa mano de obra va a hacer falta y a medida que avancen los años, más. Por tanto, no podemos negar esa influencia y necesidad de la inmigración en España y para equilibrar una pirámide poblacional que tiende rápidamente al envejecimiento», dijo.
Así, la Ley establece que la reagrupación familiar se ciñe al núcleo familiar (pareja, incluso de hecho, e hijos). Así queda limitada a padres a no ser que tengan más de 65 años, es decir, que no llegan a España a trabajar. Además, los inmigrantes víctimas de violencia de género tendrán derecho a recibir un permiso independiente al de su pareja e incluso se les podrá dar uno de residencia para protegerlas.
Por otro lado, la Ley obliga a los padres a escolarizar a sus hijos y amplía el tiempo de internamiento de inmigrantes en centros de 40 a 60 días cuando van a ser expulsados del país. Por contra las organizaciones no gubernamentales pueden supervisar a estas personas. Así, un nuevo registro velará por las entradas y salidas del país, para tener mayor control sobre los inmigrantes.