La ley impulsada por  Jesús Caldera en 2005 convirtió a nuestro país en «objetivo prioritario» para los «sin papeles».

«Papeles para todos», «efecto llamada», «regularización masiva»… Durante 2004, estas palabras retumbaron por toda España, y fuera de nuestras fronteras, ante la aprobación por parte del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000 de 11 de enero sobre los derechos y libertades de los extranjeros y su integración social. A partir de ahí, arrancaba una de las grandes apuestas del recién estrenado Ejecutivo socialista, que no se salvó ni se salva de las críticas.
La propuesta: llevar a cabo en 2005 un proceso de regularización de cerca de 700.000 extranjeros. El impulsor: el entonces ministro de Trabajo, Jesús Caldera. El resultado: España se convirtió un año después, en 2006, en el principal país receptor de inmigrantes de toda la Unión Europea.
Surgió entonces el «efecto llamada», la distinción entre patera y cayuco, y cientos, miles de inmigrantes que buscaban una nueva vida se lanzaron al mar para tratar de alcanzar las costas españolas. 2006 concluyó, por ejemplo, con cerca de 32.000 sin papeles llegados a Canarias, los centros de internamiento desbordados y el Gobierno en el punto de mira de todos. Y era sólo el principio.
Esa política de inmigración le estaba costando muchos votos a los socialistas, algo que pudo llevar al presidente Zapatero a prescindir de los servicios del ahora presidente de la Fundación Ideas para su siguiente Legislatura.
Tras aprobarse la normativa, las comisarías, los consulados y las oficinas de la Seguridad Social registraron colas interminables de ciudadanos que querían demostrar su arraigo en España para normalizar así su situación. Y mientras, seguían llegando extranjeros indocumentados por el sur o por el norte, en patera o en autobús, sorteando los controles policiales.
Caldera calificó esta regularización de éxito, pese a las numerosas críticas llegadas incluso desde Europa, donde se aseguraba que este tipo de acciones no contribuían a solucionar el problema y el drama de la inmigración. Una medida esta que vino acompañada, además, de la picaresca y de los contratos ilegales.
Pero, además, los socialistas también fueron atacados por apoyar en Europa la polémica directiva de retorno de inmigrantes , por la que los irregulares podrán ser retenidos por un período de hasta 18 meses mientras se tramita su salida del país y, una vez expulsados, no podrán regresar a la UE en cinco años. Ésta se empezó a gestar en 2005 y fue aprobada en junio del pasado año 2008. Y lo hizo, también, cargada de división. Salió adelante con 369 votos a favor, 197 en contra y 106 abstenciones.