Una ley prohibirá en Francia lucir el velo integral pero sólo en los servicios públicos París

No hubo consenso al inicio del debate y no lo ha habido a su término. El velo integral se expone a una ley restrictiva en los servicios públicos, pero el texto, pendiente de la preceptiva aprobación en las cámaras, se resiste a contemplar la prohibición total.

Es la fórmula intermedia que preconizó ayer la comisión parlamentaria constituida a propósito del burka. Los trabajos se han prolongado seis meses para llegar a una conclusión ambigua. Las mujeres podrán recubrirse integralmente en la calle, pero tendrán que despojarse de la prenda en cuanto suban al autobús.

Porque se trata de un servicio público. Igual que los hospitales, los colegios, las sedes administrativas, los tribunales o el metro. Queda pendiente conocerse los términos de la sanción, aunque una de las peculiaridades de la normativa en curso consiste en sancionar a las personas que coarten a otras constriñéndolas a ponerse el burka contra su voluntad.

La falta de unanimidad pudo reconocerse ayer en la clausura de los trabajos. Empezando por la beligerancia del Partido Socialista, cuyos diputados y senadores consideran que la crisis del velo integral se ha abierto para manipular el debate de la identidad nacional.

Es uno de los motivos por los que el PS se negó ayer a rubricar las conclusiones de la comisión parlamentaria, aunque no escasean las personalidades socialistas que se dicen partidarias de la prohibición del burka. Entre ellos, el pujante diputado Manuel Valls, a quien le parece necesario dejar fuera de la ley cualquier expresión de sumisión a la mujer.

«El burka y todas las prendas similares son indignas de nuestros valores. Encierran a las mujeres en una prisión y esconden la identidad del ser humano, es decir, su rostro. No entiendo que tenga que existir una diferencia entre el servicio público y el espacio público», añadía el alcalde de Évry a propósito del matiz que comprende el texto saliente.

La indisciplina de Valls también puede reconocerse en las filas gubernamentales (UMP). Es verdad que Jean – François Copé, capitán de los diputados conservadores en la Asamblea, ha promovido la iniciativa con las bendiciones del Elíseo, pero el impulso de Nicolas Sarkozy no ha vencido la resistencia de algunas personalidades influyentes.

Llama la atención el caso de Michèle Alliot – Marie, cuyo ministerio, el de Justicia resulta particularmente concernido por la futura legislación antiburka. «No hay nada peor que llevar a cabo la aprobación de una ley que luego no se pueda aplicar».

Se refiere a los problemas logísticos como también alude la ministra a las objeciones que pueda plantear el Consejo Constitucional. Bien sea subrayando las garantías de la libertad individual o bien sean recordando la laicidad del Estado, cuya neutralidad ante los asuntos religiosos contradice que pueda proscribirse el polémico hábito.

Así se entiende el frente común de las principales confesiones francesas. Cristianos, judíos y musulmanes se han declarado contrarios a la ley antiburka tanto como han mencionado los riesgos de injerencia estatal que implicaría «colarse» en las cuestiones de fe.

No hay estadísticas demasiado fiables, pero las mujeres con residencia en Francia que llevan el velo integral oscilan entre 500 y 2.500. El dato ha sido mencionado desde el PS como ejemplo de la futilidad del debate y como ejemplo de la instrumentalización electoral. Quedan dos meses para las elecciones regionales.