Para definir democracia se han enumerado requisitos como pluripartidismo, elecciones periódicas, división de poderes. Se ha relegado a lo puramente administrativo la interdicción de la arbitrariedad de la Administración.

En mi modesta síntesis, la democracia es una formación por voluntad popular de las leyes, sea en democracia directa o delegada (a pensar reglas de juego electoral porque a lo mejor los partidos han degenerado en lobbys políticos en contubernio con lobbys económicos en los que la ideología no es más que una coartada), y lo mismo de los gobiernos y un sistema judicial libre e independiente capaz de tomar resoluciones que se hagan firmemente cumplir (no lo inventó Calderón, se dijo en el Senado romano por Cicerón, y en Atenas).

Si la ley no es conforme al sentir popular y los tiempos cambian y muchas cosas se quedan obsoletas se va a la sede parlamentaria y se modifica. A poder ser en base a voluntad popular, no en base a macroencuestas electorales previas que estudian a quién trae cuenta de voto de extranjeros de origen estoy hablando darle sufragio municipal y a quien sea potencial votante. O hacer cálculo actuarial sobre el sistema de reparto de las pensiones. La ley o se cumple o se modifica. Lo que no puede por parte de la Administración es modificarse por el incumplimiento. Decía Gabriel Maura, hijo del mítico Antonio Maura, que “el franquismo era una dictadura paliada por el incumplimiento”.

Ley a gusto de los más para ser cumplida por todos. Democracia. Y existe ley internacional. Sí querría recordar que la carta fundacional de la ONU es dada en San Francisco el 26 de junio de 1945 y en su resolución 217 A (III), aprobada el 10 de diciembre de 1948 en París, recoge la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en cuyo artículo 13 se dice: “1-. Toda persona tiene derecho a circular libremente y elegir su residencia en el territorio de un Estado. 2-. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio y regresar a su país.”