lA crisis de credibilidad social de Zapatero y de su Gobierno y unas encuestas que asientan las posibilidades electorales de Rajoy parecen haber puesto en marcha la maquinaria ideológica del PP – en la que hasta hace poco más de un año, también estaba cómodamente instalado UPN – de nuevo hacia las posiciones más extremas de la derecha. En apenas una semana, destacados dirigentes populares han apostado por endurecer el discurso sobre la regulación de la inmigración y han lanzado a través de sus medios afines el globo sonda de la reforma del código penal para incluir la cadena perpetua. Sendos debates que el PP no ha tenido rubor alguno en embarcar en posiciones populistas y demagógicas con evidentes intenciones electorales e independientemente de la supresión de derechos y valores democráticos que suponen. Es cierto que las propuestas más exaltadas son luego corregidas a la baja por el PP, pero el efecto de trasladar a la opinión pública debates sensibles en el ámbito de las emociones – seguridad frente a derechos y libertades – da pie una vez más a los excesos demagógicos coreados por ciudadanos exaltados persuadidos de que combatir y evitar los delitos con penas más duras es la única solución efectiva. La cadena perpetua no forma parte del ordenamiento jurídico ni de los principios constitucionales que regulan el derecho a la reinserción de las personas condenadas. Sin olvidar que en el Estado español, con casi 77.000 personas encarceladas, una media superior a la mayoría de los países de la UE a pesar de que el índice de delitos es sensiblemente inferior, los tribunales de justicia ya vienen aplicando, por encima de las muchas dudas que arrastran desde los valores garantistas de un Estado de Derecho, el cumplimiento íntegro de las penas con un máximo de 40 años y la llamada doctrina Parot, básicamente a personas condenadas por delitos relacionados con la violencia terrorista. Pero a la derecha y a sus terminales mediáticas – y también a los más oportunistas dirigentes del PSOE – no les interesa profundizar en las causas de la delincuencia, sino intentar manipular a la sociedad desde el manejo demagógico de hechos trágicos o de errores de la aplicación efectiva de la justicia. La política penitenciaria y las reformas penales deben asentarse en la serenidad y la objetividad, no en el acaloramiento del dolor ni en la instrumentalización partidista y electoral de los delitos.